Los insurgentes del PSOE ourensano solo aceptarán la decisión de la dirección federal

Antonio Rodríguez Penín.
Antonio Rodríguez Penín.

El edil del PSOE de Ourense que el alcalde dejó sin competencias, Antonio Rodríguez Penín, elude ahora aclarar qué harán los críticos si la dirección gallega adoptase una decisión para resolver la crisis local con la que no concordasen y ha esgrimido que asumirá la decisión de la federal como “única competente”.

En declaraciones a Europa Press y tras la resolución de la Ejecutiva provincial relativa a que la agrupación socialista de Ourense debe restituir la situación municipal a la anterior al decreto de alcaldía del 16 de diciembre -en el que se quitaron las competencias municipales a Rodríguez Penín-, el concejal afectado ha recordado que esa resolución “no fue recurrida por nadie”.

“Así que, si nadie recurrió esa resolución, la ejecutiva gallega no tiene competencia para tomar una decisión al respecto, sino sólo para hacer de mediadora, mientras que la competente es la dirección federal y en el caso de que no estemos de acuerdo con lo que decidan, a ver qué queda”, ha remarcado.

A renglón seguido, tras aludir a la única resolución acordada, la de la ejecutiva provincial, Rodríguez Penín recordó que se pidió la devolución de sus competencias.

Mientras, según fuentes socialistas, los órganos de dirección gallegos y federales tendrán que leer el escrito presentado por los díscolos en el que relatan supuestas irregularidades y acciones antiestatutarias seguidas en la apertura de un expediente informativo sobre lo ocurrido en el seno del PSOE de la ciudad desde comienzos del mes de diciembre.

HECHOS INCIERTOS

Los cuatro concejales díscolos del PSOE de Ourense que estaban llamados a declarar este viernes en la sede de su partido han acusado a la dirección local de expedientarlos en base a hechos que “no son ciertos”.

Lo han hecho a través de un escrito que han entregado al instructor de su causa, Gonzalo Iglesias Sueiro, en el que desmienten los hechos que motivan su expediente y señalan fallos en los artículos que se citan en la acusación contra ellos.

En cuanto al desencadenante de la ruptura definitiva del grupo municipal, el hecho de que cinco ediles se ausentaran del pleno para no participar en una votación sobre la compatibilidad de un funcionario, los díscolos acusan al alcalde, Agustín Fernández, de intentar “imponer su postura”.

Este hecho, según señalan, “vulnera de modo evidente” lo establecido en la normativa reguladora de los cargos públicos del PSOE, que obliga a someter el asunto a votación. “Es falso que el sentido del voto se hubiese acordado. No hubo acuerdo”, inciden para negar que se haya producido una ruptura de la disciplina de voto.

Además, se amparan en la Ley de procedimiento administrativo común para justificar su ausencia con uno de los supuestos que recoge la norma. “Por imperativo legal, necesariamente debíamos ausentarnos del pleno”, remarcan.
“PARA FILTRARLO A LA PRENSA”

Al margen de lo anterior, los díscolos denuncian que la ejecutiva de Ourense decidió incoar el expediente “sin acuerdo previo” del grupo municipal, lo que supone “una vulneración estatutaria”.

Asimismo, aluden a la apertura del expediente para criticar que se haya hablado de un documento disciplinario en lugar de “informativo”, que es el primer paso según fijan los estatutos. Así es que interpretan que éste se abrió “para filtrarlo a la prensa”.

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