El Gobierno establece un nuevo marco jurídico para las cajas de ahorro

Soraya_DeGuindos

El Consejo de Ministros ha analizado un informe sobre el Anteproyecto de Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias. La norma da cumplimiento a los compromisos recogidos en el Memorándum de Entendimiento (MoU) acordado con la Unión Europea como parte del programa de asistencia para la recapitalización del sector financiero.

 

 

Tanto la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, como el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, han subrayado que la norma es clave para completar la reforma del sistema financiero y mejorar la competitividad de la economía.

Ambos han destacado que la futura ley supone que las cajas de ahorros vuelvan a su modelo tradicional centrado en atender a los ahorradores y a las pequeñas y medianas empresas. Además, potencia la profesionalidad de las personas que formen parte de los consejos de administración y de los órganos de gestión de las mismas y reduce el papel de las Administraciones Públicas en su gestión.

Luis de Guindos ha resaltado que las cajas de ahorro «nunca tendrían que haber abandonado su labor originaria» porque se hubieran evitado muchos de los problemas que ha tenido el sector bancario en los últimos años.
Consejo de Ministros: Soraya Sáenz y De Guindos
Pool Moncloa / Acceso libre

El ministro ha explicado que las cajas no podrán dedicarse a actividades financieras complejas; no podrán actuar fuera de su comunidad autónoma, salvo excepciones muy concretas, ni tener un activo superior a 10.000 millones de euros.

Respecto a sus órganos de gobierno se mantiene la comisión de control, que velará por el procedimiento electoral y por la obra social, y se elimina la figura del director general.

Para evitar el control político, y atribuir dicho control a los impositores o depositantes, se establece un sistema electoral. El número de consejeros generales estará comprendido entre 30 y 150 y su mandato no podrá exceder de cinco años. Se atribuye una representatividad a los impositores, a los que se otorga entre el 50% y el 60% de los consejeros generales.

De Guindos ha señalado que la norma incrementa la profesionalización de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros. En este sentido, se requiere que, al menos, la mitad de los consejeros sean independientes. Además, se exige que todos los consejeros tengan conocimientos bancarios suficientes para ejercer su actividad. De haber sido antes así, según el ministro, «muchas circunstancias vividas se hubieran evitado».

El ministro ha recalcado que «se fortalece la incompatibilidad de formar parte de los órganos de gobierno, de modo que no sólo los cargos públicos sino también aquellos que tienen cargos en las organizaciones sindicales o empresariales no puedan formar parte de los mismos».

Asimismo se reduce la influencia de las administraciones públicas, hasta un máximo del 25%, en los órganos de gobierno, fundamentalmente en la Asamblea General.

La vicepresidenta del Gobierno ha manifestado que las cajas de ahorros que tengan una participación en un banco se transformarán en fundaciones bancarias y tendrán una gestión muy profesionalizada en la que el Estado asumirá una importante labor del protectorado cuando excedan del territorio de una comunidad autónoma para garantizar, junto al Banco de España, una correcta administración de su tarea.

El ministro de Economía y Competitividad ha detallado que la futura Ley establece obligaciones generales para todas las fundaciones bancarias y otros requisitos «más estrictos» en función de su participación en la entidad de crédito.

Todas las fundaciones bancarias, sin excepción, están sometidas a rigurosos requisitos de gobierno corporativo. En particular, se impide que los miembros del patronato de las fundaciones bancarias lo sean a su vez del consejo de administración de la entidad de crédito.

En cuanto al ámbito de actuación de la fundación bancaria, De Guindos ha avanzado que si su obra social se extiende más allá de una comunidad autónoma, el protectorado recaerá en el Estado, mientras que si su actividad principal se circunscribe a la comunidad, el Gobierno autónomo tendrá la responsabilidad y la competencia desde el punto de vista del protectorado.

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