La FEMP pone en duda la reforma local

Los vicepresidentes primero y segundo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el alcalde de Vigo, Abel Caballero (PSOE), y el presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez Maíllo (PP), respectivamente, han confirmado su rechazo a las condiciones que establece el borrador de la reforma de la Administración Local para permitir la intervención de los municipios menores de 5.000 habitantes.

«Hay un número de requisitos muy amplios que hacen que la intervención no sea un hecho extraordinario. Esto es una especie de amenaza genérica de intervención a miles de ayuntamientos», ha denunciado Caballero en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que también ha participado Martínez Maíllo.

Según el vicepresidente socialista de la Federación, los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes tienen, tras el último informe sobre la reforma local aprobado por el Gobierno, «una gran espada de Damocles encima, que es ser intervenidos».

Por su parte, el vicepresidente popular ha reconocido que esta es una de las cuestiones que la FEMP quiere «solucionar» porque, a su parecer, «puede dar lugar a circunstancias muy complicadas». «Creemos que la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria lo contempla», ha añadido.

Otro de los asuntos de la reforma que ambos partidos rechazan tiene que ver, tal y como han confirmado Caballero y Maíllo, con «el tema competencial», concretamente con el traspaso de la prestación de servicios en materia de educación de los ayuntamientos a las Comunidades pero no así de su financiación.

«Es nuestro caballo de batalla porque es donde la cuantía económica es más importante. Estamos de acuerdo en que en el mantenimiento de colegios y los consultorios médicos, por ejemplo, no puede ser que las entidades locales financien a las comunidades autónomas», ha señalado el presidente de la Diputación de Zamora.

«EL MUNDO AL REVÉS»

Así, el alcalde de Vigo ha asegurado que el rechazo a este asunto ha generado en la FEMP una «unanimidad absoluta». «Es el mundo al revés, pero la cosa todavía es más grave cuando vamos a los servicios sociales. Son una parte clave de la acción de muchos municipios a los ciudadanos. El planteamiento de la ley es que los vamos a transferir desde los ayuntamientos a las comunidades y los vamos a seguir financiando nosotros», ha denunciado.

No obstante, aunque estas y otras cuestiones han unido a socialistas y ‘populares’, todavía hay algunos puntos en los que continúan las discrepancias entre los dos grandes partidos, como es el papel que le otorga a las Diputaciones la nueva ley. «No hay acuerdo en la FEMP, es un tema que seguimos discutiendo», ha explicado Caballero.

A pesar de ello, Martínez Maíllo ha recordado que todas las fuerzas representadas en la Federación están trabajando en la elaboración de unas «alegaciones consensuadas», al tiempo que ha asegurado que «hay margen» para plantearle al Gobierno sus discrepancias. «Tenemos confianza en que se pueda reformar en la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) y creemos que estos puntos que son importantes puedan ser modificados en el futuro», ha asegurado.

Asimismo, Caballero ha manifestado que «es imprescindible» que el Ejecutivo de Mariano Rajoy modifique estas cuestiones. «No podemos asistir en España a una ley que hace que los ayuntamientos que tanto papel estamos jugando en la crisis como colchón final nos encontremos con que tenemos que financiar a las comunidades autónomas y que tengamos esta situación tan compleja en los pequeños ayuntamientos», ha señalado.

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