El PP considera «bajo sospecha» al Concello de Ourense por supuestas irregularidades económicas

 

Rosendo Fernandez, concejal del Concello de Ourense y vicepresidente de la Diputación

El PP ve al Ayuntamiento de Ourense «bajo sospecha una vez más debido a la forma de trabajar de sus políticos», en relación a la investigación que llevó al Juzgado de Instrucción Número 2 a requerir este miércoles documentos relacionados con el servicio municipal de ayuda a domicilio por posibles «irregularidades», que el partido Democracia Ourensana denunció a mediados del pasado mes de octubre.

En rueda de prensa, el portavoz del PP, Rosendo Fernández, ha expuesto que está claro «que el juzgado no tuvo más remedio que pedir esa documentación» sobre el servicio de ayuda a domicilio, después de que el consistorio denegado datos a la oposición «durante todo el año».

Fernández ha aludido a ese servicio para recordar que generó una «lucha entre dos empresas de propietarios que antes eran socios en una», pero el interés del PP, ha indicado, está en «las graves irregularidades detectadas en la gestión de este servicio».

DO VE IRREGULARIDADES

Por su parte, la concejala Susana Gómez Valencia, de Democracia Ourensana (DO), ha explicado a Europa Press que fue su grupo político el que puso en conocimiento del juzgado de guardia «posibles irregularidades en el servicio de ayuda a domicilio», con «abundante documentación» presentada el día 15 de octubre de 2012.

«Empezamos buscando amparo para dos trabajadoras que fueron despedidas de la empresa que lleva ahora ese servicio, después de ocupar su puesto de trabajo durante años con las empresas anteriores, y al final, tirando del hilo y después de hablar con el resto de los trabajadores, vimos cómo funcionaba todo y que hay irregularidades», ha expuesto.

Según Gómez, las trabajadoras fueron indemnizadas por despidos improcedentes, pero para su grupo político, quedó en evidencia «la forma de actuar del ayuntamiento y de la empresa adjudicataria con la aparición, por ejemplo, de dos facturas del año 2008 por valor de casi 236.000 euros sin justificar». Ha agregado que reclamaron información en el ayuntamiento, ante la jefa de servicio, ante intervención y ante los miembros de la junta local de área, que constató «que las cuentas no cuadran».

Por su parte, el portavoz del BNG Xosé Somoza ha señalado a Europa Press que no conoce ni el contenido de la documentación aportada al juzgado por los concejales de DO, ni tuvo conocimiento de que agentes policiales fuesen a pedir documentación, así que, aparte del «respeto y confianza total por la Justicia», ha manifestado que su partido espera si se produce alguna imputación para evaluar la situación.

DEFENSA DEL SERVICIO

La concejala de Asuntos Sociales Marga Martín ha expuesto en un comunicado que el Ayuntamiento de Ourense brindó su «total y absoluta colaboración a las autoridades judiciales» y ha resaltado la «voluntad de transparencia mantenida siempre desde la institución municipal».

«El Juzgado de Instrucción Número 2 de Ourense acudió a nosotros para conocer y comprender la tramitación administrativa del servicio de ayuda a domicilio y desde el Ayuntamiento reiteramos nuestra total disposición a colaborar con las explicaciones que se estimen oportunas y aportando la documentación que sea necesaria y que requiera la Justicia para explicar un proceso que es totalmente normal y transparente», ha subrayado.

Las facturas supuestamente irregulares, según DO, son del año 2008, cuando el servicio municipal de ayuda a domicilio correspondía a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por los empresarios Alberto López y José Troncoso.

A finales de 2011, la concesión salió de nuevo a concurso y recayó en otra UTE formada por la empresa Corporación LS de Servicios Sociosanitarios, de Alberto López y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y desde ese momento, comenzaron las denuncias públicas y preguntas del PP y de DO en el Ayuntamiento sobre el tema.

La negativa del Gobierno municipal a abrir una comisión de investigación y la falta de respuesta a las preguntas de la oposición se entrelazó con un intercambio de denuncias entre las dos empresas que habían ejecutado el servicio antes de la concesión de 2011, al quedar fuera de la adjudicación las empresas Sierra Martiñá S.L. y Troncoso Casares S.L, de José Troncoso, exsocio de Alberto López.

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