El Gobierno aborda con los sindicatos la subida salarial de los empleados públicos para 2021

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha convocado para la Mesa General de las Administraciones Públicas, ámbito de negociación con los sindicatos más representativos del área pública en el que abordará el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, con la oferta de empleo público de 2021 y el incremento retributivo de los funcionarios.

Además, prevé aprobar en el Consejo de Ministros la oferta de empleo público de este año para la Administración General del Estado (AGE) en 18.266 plazas (9.270 plazas de nuevo ingreso y 8.996 de promoción interna), sin el apoyo de los sindicatos (CSIF, CC.OO. y UGT), ya que estos consideran dicha oferta «insuficiente» por no cubrir las necesidades estructurales y ser un 7,3% inferior a la del año pasado (19.688 plazas), poniendo en riesgo la «viabilidad» del Estado, según han indicado a Europa Press en fuentes sindicales.

Función Pública trasladó su última propuesta sobre la oferta pública, y la llevará a la reunión que ha convocado la Mesa General de las Administraciones Públicas. En concreto, el Ejecutivo trasladará a los sindicatos la oferta de empleo público de 2021 y el incremento retributivo previsto para los empleados públicos que, al igual que las pensiones, podría rondar el 0,9% el próximo año.

Según los sindicatos, la última y definitiva propuesta de empleo público para este año del Gobierno es de 18.266 plazas (9.270 plazas de nuevo ingreso y 8.996 de promoción interna), que supone una mejora de 3.030 plazas respecto a la última del pasado viernes, que era de 15.236 plazas (8.061 de acceso libre y 7.175 de promoción interna), si bien los sindicatos la han rechazado al seguir siendo inferior en 1.422 plazas a la del año pasado, que alcanzó las 19.688 plazas (11.338 de acceso libre y 8.350 de promoción interna).

LOS SINDICATOS LA VEN «INSUFICIENTE» Y PIDEN UN PLAN A MEDIO PLAZO

Fuentes de CSIF denunciaron que se pierde empleo y se rompe la tendencia de las dos últimas ofertas, al no cubrir ni siquiera las necesidades estructurales de la AGE, que en los diez últimos años ha perdido 43.377 empleos.

Además, desde CSIF recuerdan que el 19% de la plantilla de la AGE tiene más de 60 años y está, por tanto, a las puertas de la jubilación, por lo que avisan del riesgo de «colapso» en la AGE en un momento de saturación en el SEPE y la Seguridad Social. CSIF planteó un plan plurianual que quedó en «saco roto».

De igual forma, CC.OO. no comparte ni el volumen ni la distribución de la OEP de 2020 del Gobierno, al considerar que Función Pública «vacía el Convenio Único y abandona a los sectores más críticos de la Administración General del Estado, impulsando un modelo de Administración alejado de los problemas de la ciudadanía».

En este sentido, CC.OO. explica que en 2019 se produjeron 8.708 bajas, fundamentalmente por jubilaciones, si bien la OEP propuesta es de 9.270 puestos, por lo que «se pierde intensidad en la recuperación del empleo público, con un incremento sobre las bajas del 6%», y en su lugar exige una OEP libre que no quede por debajo de los 10.150 puestos, que resultaría de la aplicación del coeficiente de incremento de 2019, de un 26% sobre la tasa de reposición.

Con respecto a la distribución en grupos, critica que la propuesta «descapitaliza el cuerpo auxiliar y el personal laboral», efectivos que, en un volumen importante, prestan el servicio público de atención directa a la ciudadanía.

En su lugar, propone evaluar las necesidades del servicio público y de la ciudadanía, y sobre estos dos análisis, desarrollar un modelo de Administración y adecuar la OEP a estas necesidades, así como impulsar una OEP extraordinaria reconociendo los déficit de personal en determinados ámbitos demandados por la ciudadanía -SEPE, Seguridad Social, investigación, AEMPS, extranjería y documentación o Instituciones Penitenciarias-.

Por su parte, el responsable de la AGE de UGT, Carlos Álvarez, explicó a Europa Press que la última reunión de la negociación de la OEP de 2020 fue «razonablemente bien», pero «no lo suficientemente bien», ya que, aunque se elevó la oferta a 9.270 en las plazas de turno libre, superando los efectivos perdidos este año (8.054), y se eleva al récord de 8.996 plazas en promoción interna, es «insuficiente» para paliar el déficit estructural que se arrastra de la anterior crisis.

UGT insiste en que se necesita un pacto para la legislatura que aborde las necesidades de empleo público a medio plazo, y espera que pronto se convoque la Mesa General de la AGE para tratar también el asunto de los salarios.

PRESUPUESTOS

Ante la reunión de la Mesa General de las Administraciones Públicas para abordar el proyecto de PGE, que el Ejecutivo prevé aprobar en principio en el Consejo de Ministros, CSIF reiteró su exigencia para el inicio de estas negociaciones, con el fin de abordar tanto las retribuciones del colectivo de empleados públicos, como el «necesario» incremento de las plantillas.

CSIF ha realizado un Plan Estratégico de Recursos Humanos en las administraciones públicas, que contempla un refuerzo de más de 106.000 efectivos para los próximos tres años para afrontar las «necesidades estructurales que se han evidenciado con la pandemia» en la Administración General del Estado, Educación o Justicia. Además, señala que la Sanidad requiere un plan adicional, con 289.235 plazas nuevas entre 2021 y 2031.

De igual forma, reclama un acuerdo salarial a varios años que permita la recuperación del poder adquisitivo perdido desde 2010, de entre el 12,9% y el 17,9% en función de los diferentes grupos profesionales, y la equiparación entre administraciones.

Según un estudio económico sobre la pérdida retributiva de los empleados públicos en el periodo 2010-2020, a lo largo de ese período los funcionarios A1 (cuerpos técnicos del Estado, médicos o jueces) han perdido de media 53.362 euros; los A2 (enfermeras, gestores o maestros) 40.478,87 euros y los C1 (policía local, administrativos del SEPE, Seguridad Social o instituciones penitenciarias) 24.611,22 euros. Estas cantidades equivalen a trabajar 13, 15 o 18 meses gratis, en función de los grupos profesionales C1, A2 y A1, respectivamente.

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