La nulidad del registro de Hacienda por miedo al riesgo fiscal

En los últimos años, Hacienda ha actuado guiándose por los focos de “riesgo fiscal”, que se hayan principalmente en aquellos profesionales cuyos ingresos son inferiores a la media de las ganancias obtenidas en el sector al que se refiere la actividad. De ese modo, si hay hechos que pudieran apuntar a una posible evasión de impuestos, la Administración Tributaria realiza actividades de investigación a ciegas y sin partir de indicios racionales.

El asunto ha llegado a un punto en el que a Hacienda se le ha ido todo de las manos. La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anuló, por defectos en la motivación para justificar su contenido, un auto judicial que autorizó la petición de Hacienda de entrada en el domicilio de una empresa inspirándose en el hecho de que había tributado por debajo de la media del sector, lo que llevaba a considerar que podía haber estado ocultando ventas efectivas. Según el Tribunal Supremo “la corazonada o presentimiento de la Administración de que, por tributar un contribuyente por debajo de la media del sector le hace incurrir a éste en una especie de presunción iuris et de iure de fraude fiscal, es un dato que por sí mismo no basta, ni para establecer una relación causal o esquema que desemboque en ese fraude –ni siquiera en la presunción de deberes incumplidos, que deberán ser esclarecidos a través del procedimiento correspondiente, con ulterior control judicial-, ni menos aún para anclar en tal circunstancia la necesidad de entrada en el domicilio para el cotejo de datos que respalden o desmientan la sospecha albergada por la Administración”, pues “no se puede acceder al domicilio definido en el artículo 18.2 de la Constitución española con un propósito meramente prospectivo o indeterminado, por si acaso, ya que la naturaleza fundamental del derecho que la Constitución ampara y permite excepcionalmente sacrificar o excluir, lo debe ser en presencia de un bien constitucionalmente protegido –y el deber de contribuir del artículo 31.1 de la Constitución es uno de ellos, expresado en términos generales”, de modo que no cabe autorizar la entrada y registro “para ver qué se encuentra”. Si Hacienda hubiera obrado adecuadamente, habría señalado los impuestos y periodos por los que se investigaba al sujeto afectado por la medida, conforme a los artículos 113 y 142 de la Ley General Tributaria.

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