El deber del Rey de defender a la nación

El artículo 56.1 de la Constitución Española establece: “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes”. Y el 62. F señala entre sus funciones “Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes”.

Parece lógico que, aparte de poder moverse libremente por el territorio nacional, como cualquier ciudadano, si el caso lo requiere, con el adecuado resguardo de su persona, el jefe del Estado presida un acto de tanto simbolismo como la entrega de despachos en la Escuela Judicial, con independencia del lugar del territorio donde se halle ubicada, del mismo modo que preside la entrega de despachos en las academias militares en otros casos.

La ausencia de Felipe VI, decisión que el gobierno de progreso que preside el doctor Sánchez no ha explicado, salvo la de la inefable vicepresidenta Carmen Calvo, de que ha sido una medida conveniente —o sea, que convenida—se produce en un contexto especial de cesiones y acercamiento por parte del Gobierno a los partidos políticos más notables del independentismo catalán-.

Son de agradecer dos manifestaciones del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, en el acto entrega de despachos a 62 nuevos jueces que terminan su periodo de formación en la Escuela Judicial de Barcelona. Lesmes ha expresado su pesar en nombre en nombre del CGPJ por la forzada ausencia del monarca. Con notable precisión ha señalado que la presencia del jefe del Estado va más allá de un aspecto meramente protocolario. En ese sentido, ha trascendido que el propio Rey llamó a Lesmes para agradecerle el modo de referirse a su ausencia y resaltar que le hubiera gustado estar en Barcelona. El presidente del Constitucional no asistió, alegando cuestiones de agenda.

Pero la cosa no acabó ahí, después de constantes referencias a Felipe VI por el “especial vínculo constitucional” entre la Corona y el Poder Judicial, el acto ha terminado con un “viva el rey” gritado por los jueces presentes. Concluído el acto, ministro de Justicia, Campo se dirigió con disgusto a Lesmes y le dijo “se han pasado tres montañas”, cosa que oyeron los presentes. O sea, que el titular de Justicia no le gusta que se grite viva al Rey.

Pero si ya el asunto deja al Gobierno al pairo, lo remata el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común, Jaume Asens, quien afirma literalmente que “sería fantástico que el Rey Felipe VI no volviera nunca más a Cataluña porque cada vez que lo hace abre una herida que no está cerrada». Quien tal cosa afirma no es uno diputado cualquiera, es un aforado que representa a uno de los partidos que forma parte del llamado “Gobierno de Progreso” que es el mismo que ha vetado la presencia del jefe del Estado en un acto institucional en una parte del territorio nacional. Es evidente que sus palabras tienen un plus calificatorio.

Pero lo más curioso es que la acometida contra el Rey trae causa, según Asens, al atribuir al Rey la responsabilidad —y no al ejecutivo— “de lo sucedido tras el referéndum de independencia de 2017. Hizo un discurso que marcó un antes y un después. Que no surgió de Moncloa, sino de Zarzuela». Es decir, que, tras un intento de desmembramiento de una parte del Estado, el Rey, que lo encabeza y representa, no debe defenderlo. El portavoz de Podemos entiende que se debe substraer al Rey la capacidad de opinar sobre cuestiones esenciales que atañen a su propia condición y confunde —al citar otras monarquías parlamentarias—determinados actos formularios de otras tradiciones, como el hecho de que en la apertura del Parlamento británico la reina lea el discurso de la Corona que ha escrito el Gobierno. Para Podemos, la neutralidad política consiste en mantenerse al margen de la propia defensa de la integridad del Reino, expresar su defensa como tal. Y en ese sentido, Asens anuncio que pretenden llevar al congreso una reforma, (se supone que de la Constitución) que tase las competencias del Rey, obviamente en defensa de la unidad del propio reino.

El Rey de España tiene, según todos expertos que han analizado su papel constitucional, tres funciones: simbólicas y administrativas, arbitrales y moderadoras. Pero el Rey lo es de un Estado en su conjunto, no de 17 entidades separadas o comunidades autónomas. Debe defender y tratar de la unidad ¿Cómo pueden esperar los que se alzan contra el conjunto de la nación que los trate como si no hubieran dejado de ser leales a lo esencial que él representa? Una cosa es que escuche a todos, pero a la hora de la verdad, debe sujetarse a su deber superior que le marca la propia Constitución.

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