El atípico viaje del C.F. Fuenlabrada

Los jugadores y el equipo técnico del C.F. Fuenlabrada hicieron un atípico viaje a A Coruña para jugar contra el Deportivo, por el que el Ministerio Fiscal considera que podría haberse cometido una infracción penal. El trayecto fue doblemente atípico precisamente por varias buenas razones.

En primer lugar, el viaje fue atípico por las condiciones en las que se encontraban la plantilla y el cuerpo técnico, entre los que se encontraban varios contagiados por el Covid-19, habiendo sido un jugador ingresado por padecer los síntomas con contundencia, aunque, posteriormente, se le concedió el alta médica y regresó al hotel en el que los miembros del club están cumpliendo la cuarentena hasta que ya superen la enfermedad. Se alegó el cumplimiento de los protocolos por parte de los directivos y de los profesionales del equipo, pero el Gobierno y el Consejo Superior de Deportes ya dieron un tirón de orejas por lo ocurrido.

En segundo lugar, fue atípico en el sentido penal, ya que no existe ningún precepto del Libro II del Código Penal que castigue viajar estando contagiado o siendo portador de una enfermedad infecciosa, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda generarse si efectivamente se contagia a otro y se le causan lesiones o la muerte. Carlos García Valdés, en un artículo titulado “Principios de teoría del delito”, afirma que “el tipo se refiere a1 hecho, la antijuridicidad al derecho y la culpabilidad al autor”, debiendo añadirse la punibilidad por razones de política criminal, hablando del tipo penal en los siguientes términos: “El tipo es la descripci6n legal del hecho criminal. De ello, la tipicidad es garantista y cuanto mas cerrados Sean sus elementos normativos y descriptivos, mas se habrá ganado. La tipicidad es, así, certeza. La inseguridad jurídica no se aviene bien con ella. La genial intuici6n del gran Liszt relacion6, por eso, la formulación del principio de legalidad con el tipo delictivo”. La jurisprudencia es clara en este sentido, pues la Sentencia del Tribunal Constitucional 133/1987, de 21 de julio, establece que “el principio de legalidad en el ámbito del derecho sancionador estatal implica, por lo menos, estas tres exigencias: La existencia de una ley (lex scripta); que la ley sea anterior al hecho sancionado (lex previa), y que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado (lex certa)”. Además, la Sentencia del Tribunal Constitucional 52/2003, de 17 de marzo, indica que “Hemos de recordar nuestra reiterada doctrina (SSTC 64/2001, de 17 de marzo, FJ 4; 123/2001, de 4 de junio, FJ 11; 125/2001, de 4 de junio, FJ 3; y 75/2002, de 8 de abril, FJ 4) según la cual la garantía formal del art. 25.1 CE que significa el imperio de la ley no basta para asegurar la previsibilidad de las consecuencias jurídicas de los propios actos, ni para garantizar que nadie pueda ser castigado por un hecho no contemplado por la ley”, justificando eso “una vez en el momento aplicativo del ejercicio de las potestades sancionadoras por los poderes públicos, éstos están sometidos al principio de tipicidad, como garantía material, en el sentido de que, por un lado, se encuentran en una situación de sujeción estricta a las normas sancionadoras y, por otro, les está vedada la interpretación extensiva y la analogía in malam partem, es decir, la exégesis y aplicación de las normas fuera de los supuestos y de los límites que ellas determinan”, pues, como señala la Sentencia del Tribunal Constitucional 100/2003, de 2 de junio, en “palabras de la STC 116/1993, de 29 de marzo, FJ 3, la garantía material lleva consigo la exigencia de que la norma punitiva permita «predecir con suficiente grado de certeza las conductas que constituyen infracción y el tipo y grado de sanción del que puede hacerse merecedor quien la cometa» [en los mismos o parecidos términos, SSTC 53/1994, de 24 de febrero, FJ 4 a); 151/1997, de 29 de septiembre, FJ 3; 124/2000, de 19 de julio, FJ 4; y 113/2002, de 9 de mayo, FJ 3]”.

El juzgado de instrucción que estaba analizando el asunto ha descartado la existencia de delito por los motivos antes expuestos. Ello resulta lógico en cuanto que el Derecho Penal se debe ajustar a la estricta legalidad. La Sentencia del Tribunal Constitucional 228/2002, de 9 de diciembre, establece que “puede considerarse infringido el art. 25.1 CE «si la interpretación de la norma penal aplicable y la labor de subsunción realizada fuera ajena a los términos de la norma aplicada, a las pautas axiológicas que conforman nuestro ordenamiento constitucional y a los criterios mínimos que impone la lógica jurídica y los modelos de argumentación adoptados por la propia comunidad jurídica» (por todas, STC 123/2002, de 20 de mayo, FJ 8; 221/2001, 31 de octubre, FJ 3 o 125/2001, de 4 de junio, FJ 3), ya que «el principio de legalidad, ni puede ser entendido de forma tan mecánica que anule la libertad del Juez, cuando en uso de ésta no se crean nuevas figuras delictivas o se aplican penas no previstas en el Ordenamiento (SSTC 89/1983, de 2 de noviembre, FJ 3; 75/1984, de 27 de junio, FJ 3; 111/1993, de 25 de marzo, FJ 5), ni tampoco pasar por alto que toda norma penal admite varias interpretaciones como consecuencia natural de la vaguedad del lenguaje, el carácter genérico de las normas y su inserción en un sistema normativo relativamente complejo (SSTC 189/1998, de 28 de septiembre, FJ 7; 42/1999, de 22 de marzo, FJ 4)» (STC 167/2001, de 16 de julio, FJ 3)”.

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