Independencia Judicial ve «inmoral» el cese de Diego De los Cobos como coronel de la Guardia Civil

La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, presidida por el catedrático Andrés de la Oliva e integrada por juristas de distinto signo, considera que de confirmarse que el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos ha sido destituido en relación con el informe sobre la actuación de la Delegación del Gobierno en Madrid en la manifestación del 8-M, se trataría de un hecho «inmoral» que retrotrae a la «época del despotismo tiránico».

En su opinión, los «indicios de desviación de poder en que ha incurrido» el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al cesar al coronel como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid son «inquietantes» y constituirían «un grosero acto ilegal» si los motivos fuesen el informe entregado a la juez de Madrid Carmen Rodríguez-Medel, que investiga la actuación del delegado del Gobierno José Manuel Franco al autorizar la marcha feminista.

Para la plataforma, un acto así incurriría en «desviación de poder» y sus «graves repercusiones en otros órdenes jurídicos, incluso en el penal», no deberían ser descartados por el Ejecutivo «Sería un descarado aviso a navegantes para todos aquellos que no se plieguen a la política criminal del Gobierno», apunta.

A su juicio, «la investigación del delito resulta vulnerable a las arbitrariedades de intereses ajenos al estricto descubrimiento de la verdad» mientras la policía judicial «siga dependiendo del Ejecutivo y no de una autoridad imparcial, independiente e inamovible».

«La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial no se cansará de repetir que la investigación criminal tiene que estar encomendada a un órgano independiente, sujeto sólo al imperio de la ley y encaminada al descubriendo de la verdad con pleno respeto a las garantías procesales que aseguran los derechos fundamentales de todos por igual», explica.

El juez de instrucción, añade, «cumple muy bien esa función» porque «no recibe órdenes del Gobierno», y por eso la plataforma cuestiona la reforma la ley para que la instrucción de las causas penales recaigan en los fiscales, ya que la cúpula del Ministerio Público «es designada por el Poder Ejecutivo».

«Si escandalosa es la remoción de un alto mando de la policía judicial, sería destructivo para el Estado de Derecho que un fiscal instructor pudiera ser removido por investigar a quien el Gobierno no quiere que se investigue o un fiscal instructor pueda recibir órdenes del Gobierno de investigar o no a través del fiscal general del Estado, eventualidad que con arreglo a su vigente Estatuto Orgánico hoy es posible», avisa.

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