Las acertadas conclusiones sobre la indemnización por pérdida de equipaje

Se presentaron las Conclusiones del abogado general Giovanni Pitruzzella de 11 de marzo de 2020, en el Asunto C-86/19, que enfrenta a SL contra Vueling Airlines, S. A. y por el que el Juzgado de lo Mercantil nº9 de Barcelona decidió suspender el procedimiento sobre la indemnización con pérdida de equipaje del Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional celebrado en Montreal el 28 de mayo de 1999 y del Reglamento (CE) n.º 889/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de mayo de 2002, que modificó el Reglamento (CE) n.º 2027/97 del Consejo, de 9 de octubre de 1997, sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente. La suspensión acordada por el Juzgado señalado tenía como finalidad plantear una cuestión prejudicial en la que se expresa que, “Acreditada la pérdida [de] la maleta, ¿debe la compañía aérea indemnizar al pasajero, siempre y en todo caso, con el límite indemnizatorio máximo de los 1.131 DEG, al estar ante el supuesto más grave de los previstos en el art. 17.2 y 22.2 del Convenio de Montreal de 28 de mayo de 1999, o estamos ante un límite indemnizatorio máximo, que puede ser moderado por el juez, inclusive cuando se trata de la pérdida de la maleta, en atención a las circunstancias concurrentes, de tal manera que solo se concederán los 1 131 DEG si el pasajero acredita, por cualesquiera medios admitidos en Derecho, que el valor de los objetos y enseres personales que llevaba en el interior del equipaje facturado así como los que tuvo que adquirir para su reposición alcanzaban ese límite o, en su defecto, atender también a otros parámetros como, por ejemplo, el número de kilos que pesaba la maleta o si la pérdida del equipaje se produjo en el viaje de ida o en el de vuelta, a los efectos de valorar el daño moral provocado por las incomodidades derivadas del extravío de su equipaje?”. Según el abogado general, la cuestión prejudicial engloba dos problemas. El primero de ellos estriba en si la cantidad de 1.131 DEG, equivalentes a 1.400 euros, indicada en el artículo 22, apartado 2, del Convenio de Montreal, constituye un límite indemnizatorio máximo o, por el contrario, una cantidad a tanto alzado que el juez debe conceder automáticamente al pasajero afectado por la pérdida del equipaje. El segundo problema se refiere a la cuestión del reparto de la carga de la prueba y del nivel de exigencia probatoria que el juez puede exigir al pasajero cuando este último ha de acreditar el perjuicio sufrido como consecuencia de la pérdida de su equipaje.

De conformidad con lo que ha pedido el Tribunal de Justicia, las conclusiones se centran en este segundo problema, haciéndose finalmente una propuesta sobre las dos preguntas planteadas. El abogado general entiende que “Los artículos 17, apartado 2, y 22, apartado 2, del Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, celebrado en Montreal el 28 de mayo de 1999, deben interpretarse en el sentido de que el límite indemnizatorio máximo establecido en caso de destrucción, pérdida o avería de equipaje facturado constituye una indemnización máxima, que, por tanto, no puede atribuirse ipso iure y a tanto alzado a todo pasajero en caso de pérdida de su equipaje facturado”, añadiendo que “Corresponde al juez nacional, dentro del límite máximo de 1 131 DEG, determinar la cantidad que corresponda atribuir al pasajero en concepto de indemnización del daño material y moral sufrido como consecuencia de la pérdida del equipaje facturado”, pero “incumbe al pasajero aportar los medios de prueba necesarios para acreditar el perjuicio, corresponde al juez nacional cerciorarse de que las normas nacionales que se aplican en la materia no hacen imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho a ser indemnizado en los términos establecidos en los artículos 17, apartado 2, y 22, apartado 2, del Convenio de Montreal”.

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