La solidaridad de Galicia con Madrid en tiempos del coronavirus

Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, tuvo que dar, el pasado jueves día 26 de marzo, explicaciones sobre la cesión por parte del Gobierno gallego de once aparatos de UCI a la Comunidad de Madrid para afrontar la emergencia sanitaria por el coronavirus. La oposición le criticó por haber traspasado esos materiales a una Comunidad Autónoma gobernada por el mismo partido político del que forma parte el dirigente gallego, pero esa ayuda fue solicitada por Isabel Díaz Ayuso y por el Ministerio de Sanidad, que, por el Real Decreto 463/2020, podría haber procedido a requisar esos equipos al no ser la situación de Galicia tan extrema como la de la Comunidad de Madrid. Alberto Núñez Feijóo, además de dar las explicaciones pertinentes, hizo tres preguntas esenciales: “¿Qué concepción tenemos del Estado? ¿Qué concepción tenemos del país? ¿Qué concepción tenemos de los pacientes?”.

En la Constitución hay dos preceptos que sirven para consagrar la solidaridad que debe existir entre las Comunidades Autónomas. El artículo 2 de la norma fundamental establece que “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. El artículo 9.2 señala que “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”, siendo cierto que el artículo 138.1 indica que “El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular”.

Los dirigentes políticos de las diferentes Comunidades Autónomas no pueden actuar como si estuvieran gestionando territorios de Estados diferentes, pues las mismas se integran en la totalidad del territorio de un país en el que no debe haber diferencias por la distinta residencia o por la vecindad civil, que vincula a una persona con la Comunidad Autónoma igual que la nacionalidad española le conecta con el Estado español. Los gallegos, los vascos, los murcianos, los madrileños, los andaluces y muchos otros son españoles y, por ese motivo, los miembros de los respectivos Consejos de Gobierno autonómicos deben pensar en el bien de todos los españoles y no solo en los ciudadanos que residen en el territorio autonómico correspondiente, sin que resulte admisible el fomento de un egoísmo que no lleva a ningún sitio y que recuerda mucho a los líderes de otros países que miran a los demás dirigentes con condescendencia.

La Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia, establece en su artículo 32 los principios rectores del Sistema Público de Salud de Galicia, entre los que se encuentran “La promoción de la equidad y del equilibrio territorial en el acceso y la prestación de los servicios sanitarios”, “La promoción de la superación de las desigualdades sociales en salud” y “La promoción del interés individual, familiar y social por la salud y el Sistema Público de Salud de Galicia, potenciando la solidaridad y educación sanitaria”, que deben interpretarse sin pensar únicamente para su estricta aplicación ignorando lo que ocurra fuera de Galicia, pues la cooperación entre Comunidades Autónomas en situaciones como la que se está viviendo contribuye a que todos los ciudadanos puedan ver claros progresos sociales. Además, el artículo 85.2 de la misma norma establece que la Xunta de Galicia “podrá acordar la realización de planes y programas conjuntos de actuación con otras comunidades autónomas para el logro de objetivos de interés común, en especial de carácter territorial con relación a la protección de la salud y la provisión de los servicios sanitarios y sociosanitarios en áreas limítrofes y de carácter sectorial con relación a la atención de determinadas patologías o ámbitos de la asistencia en concreto y/o colectivos necesitados de especial protección”.

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