El Defensor del Paciente pide a Fiscalía que investigue la muerte de una embarazada y su bebé en A Coruña

La Asociación El Defensor del Paciente pide una investigación a la Fiscalía Superior de Galicia en relación con la muerte de una embarazada de 37 años infectada con COVID-19 y su bebé en A Coruña el pasado fin de semana porque ve «posible» que «se haya cometido alguna irregularidad que ha llevado a la muerte a la madre y bebé».

A través de un escrito remitido por la presidenta de esta entidad, Carmen Flores, al fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, El Defensor del Paciente pone en duda la «excusa» de que la muerte de la parturienta, una vecina de Carballo de 37 años, y su bebé durante una cesárea de urgencia «ha sido por el coronavirus».

«Algo no nos acabamos de explicar porque aunque estuviera infectada, no es razón para el fallecimiento precisamente durante la cesárea, así como el bebé», manifiesta en la carta remitida a Fiscalía, en la que se pregunta si el bebé «¿estaba infectado?». «Hasta que no ha nacido no se le puede hacer la prueba. O ahora todo el que fallece es por el virus», ha abundado, para preguntar «¿qué ha pasado en realidad?».

«Entendemos, que debemos pedir una investigación porque creemos que es posible que, durante la cesárea, se haya producido algo irregular que ha causado la muerte», subraya Carmen Flores. «¿Nadie ha dicho que tuviera problemas de respiración, solo que tenía fiebre que puede ser causa de otros patógenos? ¿Se le hizo la prueba tan rápido?», pregunta la asociación en la misiva remitida.

Al respecto, la asociación señala que «esta prueba, además de que el resultado tarda cuatro horas y en casos hay que repetirla, ¿cómo se diagnosticó tan pronto? «Le recuerdo señor fiscal que la cesárea fue urgente», ha apostillado.

«Consideramos, que no ha habido autopsia, es posible que presuntamente se hay cometido alguna irregularidad que ha llevado a la muerte a la madre y bebé», ha concluido El Defensor del Paciente.

Como la ley establece, la solicitud de esta asociación, matiza la entidad, «está fundamentada en que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieran noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al juez o al fiscal», concluye.

HECHOS

Esta petición surge a raíz de que una mujer embarazada de 37 años de edad e infectada por coronavirus falleciese el pasado domingo en el Hospital Materno Infantil de A Coruña, donde fue sometida a una cesárea de urgencia, en la cual se le extrajo al bebé, que nació muerto.

La mujer, según el balance del Servizo Galego de Saúde (Sergas) relativo a ese fallecimento, tenía una patología crónica previa, extremo que ha sido negado por la familia, que ha recordado que tuvo un buen embarazado y tres días antes se había hecho una ecografía.

La chica se sintió mal el pasado sábado por la noche, al presentar fiebre y diarrea, ha ratificado su familia. Cuando ingresó el domingo por la mañana con contracciones fue sometida a la prueba para determinar si estaba infectada con COVID-19, dado su estado febril y a que iba a ser conducida a quirófano para practicarle una cesárea, un test que dio positivo.

Según las fuentes sanitarias consultadas por Europa Press, durante la intervención en quirófano en el Hospital Materno-Infantil del Complexo Hospitalario de A Coruña (Chuac), se registraron complicaciones y la mujer falleció, mientras que su bebé nació muerto.


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