La responsabilidad por la expansión del Covid-19

Viendo las cifras de infectados por el Covid-19 antes de la aprobación y publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, cabría ya preguntarse, pensando en lo que deberá suceder cuando la pandemia haya pasado, por las responsabilidades derivadas de los hechos vinculados con la promoción de la asistencia a las manifestaciones del pasado día 8 de marzo, que, sin duda alguna, sirvieron para facilitar la propagación del coronavirus en la población y que se permitieron a pesar de que el Gobierno debía disponer de información precisa sobre los riesgos de celebrar los actos previstos.

En primer lugar, habría que preguntarse si existe responsabilidad penal. No parece posible, en este caso, hablar de responsabilidad penal por el favorecimiento de la pandemia del Covid-19 en España, pues el Código Penal solo castiga las infracciones más graves de las normas sobre elaboración y tráfico de determinadas sustancias químico-farmacéuticas, alimenticias y tóxicas que puedan acarrear daños en la salud de las personas dentro de los delitos contra la seguridad colectiva, en el Capítulo III del Título XVII, con la rúbrica “De los delitos contra la salud pública”, que se entiende, según la Sentencia del Tribunal Supremo 871/2005, 1 de julio, como “la de los componentes de la colectividad en su aspecto individualizado”. Es cierto que se ha presentado una denuncia contra Pedro Sánchez por haber cometido un delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal al haber permitido las manifestaciones del pasado día 8 de marzo, pero se requiere la injusticia de la resolución administrativa y la Sentencia del Tribunal Supremo 755/2007, de 25 de septiembre, establece que “tal condición aparece cuando la resolución, en el aspecto en que se manifiesta su contradicción con el derecho, no es sostenible mediante ningún método aceptable de interpretación de la Ley (STS núm. 1497/2002, de 23 septiembre), o cuando falta una fundamentación jurídica razonable distinta de la voluntad de su autor (STS núm. 878/2002, de 17 de mayo) o cuando la resolución adoptada -desde el punto de vista objetivo- no resulta cubierta por ninguna interpretación de la Ley basada en cánones interpretativos admitidos (STS núm. 76/2002, de 25 de enero)”, indicando la la Sentencia del Tribunal Supremo 627/2006, de 8 de junio, que “La jurisprudencia de la Sala II, por todas STS de 2 de abril de 2003 y de 24 de septiembre de 2002, exige para rellenar el contenido de la arbitrariedad que la resolución no sólo sea jurídicamente incorrecta, sino que además no sea sostenible mediante ningún método aceptable de interpretación de la Ley”, sin que resulte complicado justificar que, simplemente, hubo una mala planificación para combatir el Covid-19.

En segundo lugar, habría que preguntarse si hay responsabilidad administrativa o disciplinaria. La respuesta es que si, pero la misma responsabilidad generará consecuencias, únicamente, para sujetos subordinados que cumplan una función de cabezas de turco, como ya sucedió con José Antonio Nieto González, el responsable policial encargado del protocolo interno por el coronavirus, que sirvió para adoptar medidas de prevención que han evitado mayores problemas a la Policía Nacional.

En tercer lugar, habría que preguntarse si es posible hablar del surgimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. En principio, parecen concurrir todos los presupuestos de la responsabilidad patrimonial de la Administración General del Estado conforme al artículo 32 de la Ley 40/2015, que indica que “Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley”. El problema es que, en este caso, se ha producido un daño generalizado y, como establece la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 1998, una carga colectiva o general carece de los condicionamientos de singularidad y gravamen individualizado que justificarían, sólo en su caso, el resarcimiento.

En cuarto lugar, habría que preguntarse si se puede exigir responsabilidad política. La misma se puede y se debe hacer efectiva, pero los dirigentes políticos del Gobierno se encargarán de defender con contundencia que las dimensiones que ha alcanzado la expansión del Covid-19 no pudieron prever con la suficiente antelación como para adoptar medidas adecuadas y la opinión pública no exigirá las dimisiones con la suficiente insistencia.

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