Rufián explicó cómo impusieron a Sánchez eludir la Constitución de sus acuerdos

El dirigente de ERC Gabriel Rufián, en unas declaraciones a “La Sexta” reveló que su partido impuso al PSOE, en la mesa de negociación mantenida para “desbloquear” el conflicto catalán los términos del lenguaje, la redefinición de los mismos y que se excluyera, como así se hizo, toda referencia a la Constitución, como marco de toda solución posible. En ese sentido, Rufián precisó que el ambiguo término sustitutorio “ordenamiento jurídico democrático” ha de interpretarse en el ámbito del Derecho internacional, en cuanto al derecho de los pueblos a elegir su destino, o sea, la autodeterminación. El dirigente de ERC resaltó que se encontraban muy ufanos y que simplemente ejercían la capacidad que la fuerza de los votos de que disponen en el Congreso de los Diputados les permite en orden a sus objetivos que siguen siendo los mismos.

Las cesiones de Sánchez en forma, fondo y contenido, representaron que el presidente del Gobierno se tragara sus propias afirmaciones de apenas unos días atrás: El problema de Cataluña era un conflicto de convivencia, no cabía solución alguna fuera de la Constitución, no habría referéndum y no pactaría con independentistas para llegar al Gobierno.

Conviene recordar ahora que, tras el acuerdo entre PSOE y ERC, el partido de Pedro Sánchez hizo público un comunicado donde, sin aludir para nada a la Constitución cambia también el lenguaje al afirmar “Nos encontramos ante la oportunidad de desbloquear y encauzar el conflicto político sobre el futuro de Catalunya y establecer las bases para su resolución. Es nuestra responsabilidad explorar y abordar la apertura de una nueva etapa basada en el diálogo efectivo, abierto y sincero y apostar por el reconocimiento y entendimiento institucional”.

En un Estado de Derecho, lo institucional está obviamente condicionado por el marco constitucional, al que en este caso nos e hace la menor referencia. Y si, hasta unos días atrás, todo diálogo con el presidente de la Generalitat exigía de éste la condena de la violencia desatada en Cataluña, de nuevo, sin explicar por qué, y sin referencia alguna al marco de la Constitución de anunciaba “crear, en un plazo de 15 días, una Mesa de diálogo, negociación y acuerdo entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Catalunya, de acuerdo con los principios de lealtad institucional y bilateralidad que rigen el marco político de relación entre ambos, que actuará sin más límites que el respeto a los instrumentos y a los principios que rigen el ordenamiento jurídico democrático”.

¿Y qué marco jurídico democrático cabe que no sea la Constitución? La ambigüedad del comunicado del PSOE debe ser analizada con detalle, pues se pretende escapar a lo que la Constitución señala con respecto a referendos y consultas. Los redactores tuvieron que retorcer las palabras: “El objetivo es alcanzar acuerdos que cuenten con un apoyo amplio de la sociedad catalana e impulsar su efectividad a través de los procedimientos oportunos”. ¿Y qué procedimientos oportunos son esos que no estén previstos por la Constitución y las leyes de desarrollo?

¿Y cuál va a ser el valor jurídico y efecto de ese referéndum o consulta, que se anuncia? Es evidente que si afecta en lo más mínimo al interés y voluntad general de la nación española sería ilegal y, en todo caso, fuera de lo que prevé la Constitución sobre referendos y consultas”

No cabe duda de que la cesión más vergonzante, siempre en relación con las palabras de Sánchez fue la que refleja este párrafo: “Las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas, en su caso, a consulta a la ciudadanía de Catalunya, de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político”. ¿Cuál es el marco jurídico-político que no sea el de la Constitución?

Gabriel Rufián nos lo ha aclarado: El Derecho Internacional. Esto es que se pretende, como tantas veces se ha invocado, que se reconozca a Cataluña un fuero especial como territorio exento, que pueda acogerse al “Derecho de Autodeterminación”, garantizado, en su caso, por la comunidad internacional.

Y todo ello exige, obviamente, trascender no sólo del marco constitucional, sino del propio ordenamiento común con respecto a aquellas conductas tipificadas en el Código Penal, aplicando el principio de que la responsabilidad de la “judicialización de un conflicto” no la tiene el que vulnera la ley, sino el que la aplica.

El propio análisis del acuerdo resulta expresivo de hasta qué punto Pedro Sánchez cedió a las imposiciones de ERC para llegar a la Moncloa, por lo que algunas expresiones resultan en sí mismas una burla, como el preámbulo donde se dice: “Por todo ello, conforme a los principios de lealtad institucional y  bilateralidad  que  rigen  el marco político de relación entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Catalunya, acordamos…”. Bilateralidad significa igualdad de rango en este caso. Está claro

Y como se debe “desjudicializar” el conflicto, la hueca retórica sí que es clara: en el futuro, no se aplicará más la ley cuando no convenga a la política.  Por ello, se establece un diálogo entre gobiernos, de igual rango “sin más límites que el respeto a los instrumentos y a los principios que rigen el ordenamiento jurídico democrático”. Pero no de la Constitución que Pedro Sánchez ha prometido cumplir y hacer cumplir.

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