Salario mínimo europeo

                Si por circunstancias ajenas a su voluntad tardó más de lo deseado en conformar su equipo de comisarios, la verdad es que la nueva presidenta de la Comisión Europea (CE),  Ursula von der Leyen, está demostrando que tiene prisa por cumplir las promesas anunciadas en su toma de posesión del 1 de diciembre.

                Tres fueron y son los pilares básicos de su programa: agendas verde, social y digital. Y en poco más de un mes ya ha hecho públicas propuestas concretas sobre las dos primeras: a mediados de diciembre la Comisión aprobó el llamado Pacto verde (convertir a Europa en el primer continente neutro en emisiones de dióxido de carbono o CO2) y la semana pasada lanzó el proyecto de crear un salario mínimo europeo y un seguro europeo de desempleo.

                Según no pocos analistas, en esta segunda gran agenda la CE no lo tendrá fácil, pues  en un club  tan variopinto donde Gobiernos y agentes sociales responden a intereses y tradiciones muy diversas en cada país, la sensibilidad  política al respecto no es pequeña. Por otra parte, bien se sabe que en Bruselas medidas de calado como la armonización fiscal, la unión bancaria o las políticas migratorias avanzan, si es que lo hacen, a trancas y barrancas.

                En concreto, la propuesta del salario mínimo inquieta en varios países, especialmente en los de la Europa central y del Este, con costes laborales por debajo de la media europea, y temen que todo ello reduzca su competitividad. Es de recordar que en Rumanía y Bulgaria el salario mínimo anual neto ronda los 3.000 euros; en Polonia, Hungría, Chequia y Eslovaquia anda próximo a los 5.000; en Alemania, Francia e Italia supera los 13.000, y en la cabeza de la clasificación (Dinamarca y Noruega) está por encima de los 25.000 euros.

                Diferencias enormes. Al tiempo, el sistema de fijación del salario mínimo interprofesional (SMI) es también distinto. De hecho, en veintidós países viene fijado por el Gobierno, mientras que en otros seis es fruto de la negociación colectiva y de las correspondientes consultas abiertas a todas las partes interesadas.

                Por todo ello y ante los lógicos recelos, la Comisión ha dejado claro que, siguiendo las normas de los tratados comunitarios, no se trataría de armonizar los salarios entre los que serán veintisiete socios de la UE, sino de asegurar sueldos mínimos dignos, con el objetivo que se sitúen en el 60 por ciento del salario medio de cada país. Propósito este que, como se sabe, comparte también el nuevo Gobierno de coalición Pedro Sánchez/Pablo Iglesias: subidas progresivas del SMI hasta alcanzar tal porcentaje al final de la legislatura (2024).

Más polémica, si cabe, será la pretendida cobertura europea del seguro de desempleo. Con todo, no se trataría de establecer un seguro  permanente al uso,  sino una red de seguridad ante posibles nuevos episodios de  crisis económicas profundas como la iniciada en 2008 y con efectos asimétricos entre los distintos socios.

Esto es, para que no se vuelvan a repetir situaciones como las habidas en España, Grecia, Portugal, Italia y países del Este, afectados especialmente entonces y obligados a efectuar los consabidos recortes en servicios básicos, con los enormes problemas sociales internos causados.

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