Defraudados con Europa

Hay días en los que a la hora de pergeñar el comentario sobre un tema de actualidad, uno sucumbe a la tentación de recuperar lo escrito tiempo atrás que hoy no puede mejorar y suscribe en todos sus términos.

Hace pocos días, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoció a Puigdemont, Junqueras y Comín como eurodiputados (la Eurocámara retiró el acta a Junqueras tras el fallo del Supremo) y viendo al expresidente exhibiendo las credenciales con su habitual arrogancia me acordé del juzgado alemán de Schleswing-Holstein que en 2018 se negó a extraditarlo para que fuera juzgado en España.

Conocida aquella sentencia que le dejaba libre e impune escribí entonces que «todo el pueblo español, excepto el mundo independentista, está dolido y defraudado con los jueces alemanes -y con Europa- que se oponen al espíritu de la euroorden que se fundamenta en la confianza entre sistemas jurídicos de los estados…».

Ahora, el TJUE asesta un nuevo golpe al ordenamiento jurídico español con una sentencia novedosa que cambia su propia doctrina y decide que el responsable máximo de la Declaración Unilateral de Independencia y su ex conseller Comín, fugados de la Justicia española, ocupen hoy escaño en Estrasburgo.

Es una ofensa al sentido democrático de los españoles. Es verdad que hay que acatar las sentencias de tribunales españoles y europeos, gusten más o menos. Pero no siempre la razón controla los sentimientos y tras aquel mazazo del tribunal alemán y este del TJUE suscribo que «muchos ciudadanos siguen pensando que esta Europa es un paraíso que acoge a quienes atentaron contra la unidad de España, una nación de contrastada lealtad europeísta».

Decía el escritor Bernard-Henri Levy que «la UE fue injusta con España por acoger a Puigdemont en Bélgica» donde encuentra refugio y altavoces para chulear al Estado desacreditando la democracia y las instituciones españolas.

Por eso, será conforme a derecho, pero cuesta mucho entender que el TJUE acredite como parlamentarios a quienes quebrantaron la Constitución y son presuntos delincuente de sedición y malversación, delitos por los que fueron condenados sus colegas del Gobierno.

Alguien debería gritar alto y claro en Bruselas que España es una democracia plena, que los españoles votan en libertad y están amparados por las instituciones del Estado. Incluidos independentistas como la señora Bassa y sus conmilitones que viven a cuenta de ese Estado que desprecian y les «importa un comino la gobernabilidad de España».

Claro que también debe ser difícil entender en Europa que los independentistas, acusados de golpistas desde hace dos años, sean ahora socios del Gobierno. Difícil de entender y más difícil de explicar.

José Castro es periodista

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