Ataques a la Constitución y referéndum pendiente

Desde diversos sectores se ha aprovechado la conmemoración del 41 aniversario de la Constitución, en unos casos para atacarla (cuando no para quemar públicamente ejemplares de la misma) o para recordar que el presidente Suárez no se atrevió en su día, antes de que fuera redactada, a convocar un referéndum que decidiera la forma de Estado, república o monarquía, como se reclamaba desde diversos ámbitos de la oposición. Hasta Calvo Serer, del consejo del Conde de Barcelona, proponía en sus escritos que la salida del franquismo se ventilara en una consulta popular, en la que, en cierto modo, el padre de Juan Carlos esperaba ser juez y parte. 
En el libro de Mariano García Canales “La monarquía parlamentaria española” (Madrid, Tecnos, 1991), pág.146, se recoge aquella opción con estas palabras: “Desde las posiciones más intransigentes y contrarias a la opción monárquica, algunos grupos pidieron un referéndum especifico (como había habido en Italia) previo a la elaboración de la Constitución para dilucidar la forma de Jefatura del Estado; esto es, someter a la consideración popular la decisión fundamental entre república y monarquía”. […] Por otra parte, entre los grupos mayoritarios y de más fuente influencia en la Cámara, el Partido Socialista Obrero Español, tuvo una actitud más bien reticente que frontalmente antimonárquica. El mencionado partido, obediente a su tradición histórica, según hicieron ver sus portavoces, hizo gala de su republicanismo, aunque manifestaba al propio tiempo su aceptación del criterio mayoritario y de la decisión, el último término, de la voluntad del pueblo español”.
El socialista Luis Gómez Llorente, vicepresidente del Congreso de los Diputados, fue coherente hasta el final, y defendió el voto republicano del PSOE en el debate constitucional con estas palabras en la Comisión de Asuntos Constitucionales:  “Entendemos que la forma republicana del Estado es más racional y acorde bajo el prisma de los principios monárquicos. Las magistraturas vitalicias, y más aún las hereditarias, dificultan el fácil acomodo de las personas que ejercen cargos de esa naturaleza a la voluntad del pueblo en cada momento histórico. Ningún demócrata puede negar la afirmación de que ninguna generación puede comprometer la voluntad de las generaciones sucesivas”. Hasta la vieja sombra de Pablo Iglesias planeó por el Congreso, cuando rebrotaron sus palabras: “No somos monárquicos porque no lo podemos ser; quien aspira a suprimir al rey del taller, no puede admitir otro rey”. 
Visto desde la perspectiva del tiempo, es curioso observar que frente a la defensa de la República, el Partido Comunista, por boca de su secretario general, adoptase una postura abiertamente favorable a aceptar la monarquía, porque, según Carrillo, que trató repetidamente sobre este asunto, «si en las condiciones concretas de España pusiéramos sobre el tapete la cuestión de la República, correríamos hacia una aventura catastrófica en la que, seguro que no obtendríamos la República, pero sí perderíamos la democracia».

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