Sin educación en libertad no hay Democracia

La ministra de Educación Isabel Celaá, en su intervención en el Congreso de Escuelas Católicas, se despachaba afirmando que la libertad de los padres de elegir centro y enseñanza religiosa para sus hijos, no emana de la libertad de enseñanza reconocida en la Constitución. La indignación fue inmediata, pero causó preocupación por si el Gobierno planea restringir este derecho reconocido incluso en las propias leyes socialistas.

Nadie discute el “Derecho a la Educación”, pero sí cómo materializarlo, y si este incluye el de “Libertad de Enseñanza”, que hoy parece cuestionarse, por normas restrictivas que limitan el desarrollo del ideario de los colegios. También por la reducción de clases concertadas con demanda social en beneficio del mantenimiento o incremento de unidades públicas sin demanda; Por debates políticos sesgados, basados en clichés y prejuicios; Y por último, por la defensa de un modelo excluyente de escuela pública única que deja la educación en manos del Estado.

Históricamente la libertad de enseñanza ha tenido el infortunio de ser la libertad menos amada por los liberales y la más combatida por los socialistas. Así, en los “Discursos a la nación alemana”, Fichte defendía un modelo de “Estado educador” como elemento conformador de la realidad nacional, lo que pronto se extendió por Europa, con la excepción del espacio anglosajón, y acaso con Stuart Mill como único pensador liberal que combatió este monopolio estatal por incompatible con una sociedad libre.

En España el socialismo entiende que el Estado debe planificar la vida de los ciudadanos en casi todas sus facetas y desde luego también en la educativa. Ciertamente, en su papel de tutela del bien común, este posee derechos y deberes sobre la educación, pero tal intervención no puede chocar con la legítima pretensión de los padres de educar a sus propios hijos. Esto plantea el problema de si las competencias de unos y otros resultan incompatibles o, por el contrario, complementarias. La libertad de enseñanza se rebela ante el cambio de paradigma que supone la sustitución del principio según el cual la escuela actúa como delegada de los padres, por aquel otro que sostiene que lo hace como agente ideológico-administrativo del Estado.

Cuando hablamos de educación hablamos de derechos y libertades reconocidos en el ordenamiento jurídico (nuestra Constitución lo hace en su art. 27, al presentar los derechos a la educación y a la libertad de enseñanza, como garantía de la educación y del pluralismo educativo, al permitir la creación de centros con carácter propio al margen de la escuela pública), la Declaración Universal de Derechos Humanos, un gran repertorio de normas, y multitud de sentencias de tribunales nacionales e internacionales.

En nuestro país la libertad de enseñanza nunca ha sido cuestión pacífica y es una libertad débil sobre la que parecen cernirse amenazas que deberían recordarnos lo que decía Chesterton, de que quien manipula la educación, quien trata de modificar su sentido y esencia transformándola en mera ideología, “no sabe lo que hace, porque no sabe lo que deshace”.

Tengo la convicción de que estas libertades constituyen uno de los bienes más preciados de las sociedades democráticas abiertas, por lo que supone de factor de calidad para el sistema educativo, por eso debemos estar vigilantes para que no se produzcan retrocesos en esta materia.

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