Los retos probatorios en el juicio contra el Chicle

Ya se ha iniciado el juicio contra el Chicle por haber producido la muerte de Diana Quer. Habiendo confesado José Enrique Abuín que el le arrebató la vida a la joven, quedan, para poder determinar el delito cometido por el acusado la pena que le corresponde al acusado, algunos detalles por concretar, que constituyen dos retos probatorios cuya superación permitiría imponer una pena de prisión permanente revisable. 

El primer reto probatorio será lograr que se considere que el Chicle cometió un asesinato del artículo 139 del Código Penal por la concurrencia de la circunstancia agravante de alevosía del artículo 22 del Código Penal, que establece que “Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido”. Según la Sentencia del Tribunal Supremo 178/2001, de 13 de febrero, “la esencia de la alevosía se encuentra en el aniquilamiento de las posibilidades de defensa; o bien en el aprovechamiento de una situación de indefensión, cuyos orígenes son indiferentes”, de manera que esa circunstancia implica para la víctima una situación de absoluta vulnerabilidad frente al ataque del delincuente. 

El segundo reto probatorio será conseguir que se pueda entender que se ha acreditado la comisión por José Enrique Abuín de un delito contra la libertad sexual de Diana Quer para que sea posible afirmar con seguridad que el acusado ha ejecutado una conducta propia del artículo 140 del Código Penal, que conlleva la aplicación de la pena de prisión permanente revisable. 

Para acreditar los dos elementos descritos, que producen, concurriendo conjuntamente, la fijación de una pena de prisión permanente revisable, será indispensable desarrollar una actividad probatoria eficiente. La misma es esencial, pues, conforme a la Sentencia del Tribunal Constitucional 174/1985, de 17 de diciembre, “Desde su Sentencia núm. 31/1981, de 28 de julio, este Tribunal ha señalado reiteradamente que si bien el juzgador dicta Sentencia «apreciando según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio, las razones expuestas por la acusación y la defensa y lo manifestado por los mismos procesados» (art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), esta apreciación en conciencia ha de hacerse sobre la base de una actividad probatoria que pueda estimarse de cargo, pues sólo la existencia de esta actividad probatoria de cargo, puede servir para desvirtuar la presunción de inocencia que beneficia a toda persona según el art. 24.2 de la Constitución”.

Por la falta de pruebas directas, habrá que aprovechar los indicios existentes. La Sentencia del Tribunal Constitucional 244/1994, de 15 de septiembre, establece que “Este Tribunal tiene declarado en numerosas resoluciones que la presunción de inocencia exige, para que pueda ser desvirtuada, una actividad probatoria de cargo producida con las debidas garantías procesales y de las que quepa deducir razonada y razonablemente la culpabilidad del acusado; y que la valoración del material probatorio aportado al proceso es facultad que pertenece a la potestad jurisdiccional que corresponde en exclusiva a los Jueces y Tribunales (SSTC 80/1986 y 98/1989), a quienes corresponde ponderar los distintos elementos de prueba y valorar su significado y trascendencia en orden a la fundamentación del fallo contenido en la Sentencia (SSTC 124/1983, 175/1985 y 98/1990)”, pero también “es doctrina de este Tribunal (SSTC 174/1985, 175/1985, 229/1988, 94/1990 y 111/1990, entre otras), que el derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción judicial en un proceso penal pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria, pero para que ésta pueda desvirtuar dicha presunción debe satisfacer las siguientes exigencias constitucionales: los indicios han de estar plenamente probados -no puede tratarse de meras sospechas- y el órgano judicial debe explicitar el razonamiento en virtud del cual, partiendo de los indicios probados, ha llegado a la conclusión de que el procesado realizó la conducta tipificada como delito”, debiendo concurrir las veinte condiciones que se encuentran recogidas en la Sentencia del Tribunal Supremo 532/2019, de 4 de noviembre. Según la Sentencia del Tribunal Constitucional 175/1985, de 17 de diciembre, “en la operación deductiva deberán señalarse, en primer lugar, cuáles son los indicios probados, y, en segundo término, cómo se deduce de ellos la participación del acusado en el tipo penal, de tal manera que cualquier otro Tribunal que intervenga con posterioridad pueda comprender el juicio formulado a partir de los indicios”. 

Hay que destacar que el primer reto probatorio se puede superar sin excesivos apuros por el Ministerio Fiscal, pero el segundo plantea una barrera para la imposición de la pena de prisión permanente revisable para condenar al Chicle, que tendría que estar en un centro penitenciario más de diez años por todo lo que ha hecho a Diana Quer y a su familia.

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