Una flagrante infracción de la normativa de protección de datos por Irene Montero

Irene Montero señaló en las redes, con el nombre y el primer apellido, a la propietaria de un piso, que había querido incrementar un 30% la renta del alquiler a sus arrendatarios, de manera que la misma pasó de 1.000 a 1.300 euros, obligándoles a marcharse a otra vivienda. Es muy fácil y necesario lamentar la situación, pero las circunstancias de la misma no justifican que se puedan difundir los datos de la arrendadora del caso con toda la tranquilidad sabiendo las consecuencias que se pueden producir.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, determina la diferencia entre el derecho a la intimidad y el derecho la protección de datos personales estableciendo que “La función del derecho fundamental a la intimidad del art. 18.1 C.E. es la de proteger frente a cualquier invasión que pueda realizarse en aquel ámbito de la vida personal y familiar que la persona desea excluir del conocimiento ajeno y de las intromisiones de terceros en contra de su voluntad (por todas STC 144/1999, de 22 de julio, F.J. 8)”, distinguiéndose del derecho fundamental a la protección de datos, que “persigue garantizar a esa persona un poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y derecho del afectado”.

Hay que decir que Irene Montero ha cometido una infracción muy grave del artículo 72.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, pues ha tratado datos personales vulnerando los principios y garantías establecidos en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679, que recoge varios principios, entre los que se encuentran los de integridad y confidencialidad, vinculados con el Considerando 39 de la norma de la Unión Europea, que señala que “Los datos personales deben tratarse de un modo que garantice una seguridad y confidencialidad adecuadas de los datos personales, inclusive para impedir el acceso o uso no autorizados de dichos datos y del equipo utilizado en el tratamiento”. Por ello, le correspondería a la dirigente de Unidas Podemos el pago de una multa.

La irresponsable forma de actuar de Irene Montero puede ocasionar daños ilegítimos a la propietaria del piso a la que hizo referencia y ya ha producido una situación de acoso a otra mujer con el mismo nombre y el mismo primer apellido, como comenta Juan Soto Ivars en un artículo titulado “La ‘justicia tuitera’ de Irene Montero ha hecho llorar a la mujer equivocada”.

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