El feroz golpe del Tribunal Supremo al derecho de autodeterminación



La Sentencia del Tribunal Supremo 459/2019, de 14 de octubre, ha puesto punto y aparte en el análisis de los actos desarrollados para lograr la independencia de Cataluña, cuyo estudio continuará por el Tribunal Constitucional y muy probablemente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tendrán que pronunciarse sobre el derecho de autodeterminación. Hay que tener presente en relación que este tema que la Sentencia del Tribunal Supremo 459/2019 indica que “Bajo el imaginario derecho de autodeterminación se agazapaba el deseo de los líderes políticos y asociativos de presionar al Gobierno de la Nación para la negociación de una consulta popular”, siendo cierto que “Los ilusionados ciudadanos que creían que un resultado positivo del llamado referéndum de autodeterminación conduciría al ansiado horizonte de una república soberana, desconocían que el «derecho a decidir» había mutado y se había convertido en un atípico «derecho a presionar»”.

A partir de la normativa, el Tribunal Supremo determina que “La conversión del «derecho a decidir», como indiscutible facultad inherente a todo ser humano, en un derecho colectivo asociado a un pueblo, encerrará siempre un salto en el vacío”, pues “No existe un «derecho a decidir» ejercitable fuera de los límites jurídicos definidos por la propia sociedad” y “La activación de un verdadero proceso constituyente -en eso consistió la aprobación de las leyes fundacionales y del referéndum- al margen del cuadro jurídico previsto para la reforma constitucional, tiene un incuestionable alcance penal que, en función del medio ejecutivo empleado para su efectividad, deberá ser calificado como delito de rebelión (art. 472 CP) o sedición (art. 544 CP)”. Además, la resolución comentada destaca que “La convivencia pacífica quedaría herida de muerte si se admitiera, como síntoma de normalidad democrática, que cualquier gobierno regional pudiera transformar la estructura del Estado plasmando en un texto legal, fuera de los cauces jurídicos de reforma, sus sueños identitarios”, añadiendo que “El respeto a los mecanismos jurídicos fijados por el poder constituyente para avanzar hacia nuevos horizontes de convivencia es un bien jurídico penalmente tutelable, siempre que para su derribo se acuda a medios ejecutivos penalmente desaprobados”.

Si hay ciudadanos de una Comunidad Autónoma que quieren constituir un Estado, tienen que utilizar los cauces constitucionalmente previstos para asegurar que la secesión se produzca de manera objetiva y democrática con el consentimiento de todos los interesados, garantizando la legitimidad del acto y evitando que la arbitrariedad de unos pocos puedan ocasionar perjuicios a todos los ciudadanos de España, país en el que solo se reconoce, según el artículo 2 de la Constitución, el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que lo integran. El problema es que los independentistas se mueven en un ámbito de irracionalidad extrema, en el que, si es necesario, se pueden inventar derechos o manipular la interpretación de normas internacionales para que las mismas les amparen, aunque después haya órganos jurisdiccionales imparciales e indecentes que analicen las circunstancias y tengan por acreditado que no hay fundamento normativo que sirva para que una parte de un Estado pueda escindirse para crear otro país.

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