Acotaciones

** Se esperaba mucho, quizá demasiado, de la sentencia contra los alzados del 1-0 de hace dos años en Cataluña y la verdad es que ha decepcionado a amplios sectores de la opinión pública y a no pocos del mundo jurídico. Una sentencia –se ha dicho- que ni castiga ni disuade lo necesario para ser tenida por justa. 

Calificación  jurídica aparte (sedición y no rebelión), lo que en mayor medida ha defraudado y/o indignado es la interpretación onírica que de lo sucedido entonces ha hecho el Tribunal juzgador: la célebre ensoñación; la teoría de que todo fue una quimera; un artificio engañoso, una estratégica forma de presión política que los acusados pretendían ejercer sobre el Gobierno del Estado para forzar una negociación. Una tesis que algún medio ha atribuido a  la factoría mental y jurídica del magistrado Luciano Varela, tan polémicamente conocido por estas nuestras latitudes tras su paso durante casi veinte años por la Audiencia provincial de Pontevedra.

Sea como fuere, la verdad es que salto en el vacío y el proceso de intenciones que hacen los magistrados para así poder eludir el delito de rebelión y acusar de sedición son enormes y gratuitos. Quiero pensar que después de haber contemplado los vandálicos sucesos de la semana pasada y las obcecaciones de los dirigentes independentistas con su inarrepentido “lo volveremos a hacer”, el Tribunal no llegaría hoy a tan retorcida y forzada evaluación de los hechos.

Confieso que si algo me llamó en especial la atención en la televisada fase oral del juicio fue la tranquilidad con que la siguieron los procesados a pesar de las graves acusaciones que se les venían encima. Como si presintieran o algo más que aquello iba a quedar en muy poca cosa. Como si fuera un trámite que había que pasar. Trámite al fin y al cabo. Y a la vista de lo pronto que, en efecto, van a estar en la calle, muy descaminados no andaban.

** El ministro Marlaska no viste ni de lejos el cargo. En sus comparecencias fuera del despacho se le ve monotemático, blando y vacilante. No acredita autoridad, no se le nota firmeza y le falta credibilidad,aptitudes todas ellas requeridas, al menos ante la opinión pública, para el desempeño de una responsabilidad tan delicada y difícil como la cartera de Interior.

La soledad en que so pretexto de estar ante un problema de orden público le han dejado el presidente Sánchez y compañeros de gabinete en el manejo de una situación crítica, podría haber constituido  una buena oportunidad para acreditar su supuesta valía política. Pero no. El desarrollo de los últimos acontecimientos no lo están revalorizando, sino al revés, hasta el punto de que –se empieza a runrunear- sus posibilidades de renovar mandato en el caso de que el Partido Socialista vuelva a ganar el 10-N, disminuyen por semanas. 

Bien se sabe que gestiones como las de hacer frente a guerrillas urbanas suelen costarle el puesto al titular de Interior. Y que tampoco es raro que afecten a la credibilidad del Gobierno mismo. Tal vez por eso Sánchez se ha escondido como lo ha hecho. Una semana ha tardado en visitar a los policías nacionales heridos y hospitalizados tras las refriegas, algo que debería haber cumplido mucho antes. 

Veremos qué traman Sánchez y sus redondos para recuperar el terreno electoral perdido. De momento tienen la exhumación de Franco a punto de caramelo.

** Llegó lo esperado: culpar al Partido Popular de lo sucedido, como han hecho la vicepresidente Carmen Calvo y el ministro ÁbalosSobra en todo caso apuntar que los primeros responsables son los vándalos; los segundos, los cabecillas separatistas que los alientan y aprietan y luego, quienes tienen la competencia en el orden público, que no es otro que el Gobierno. Lo que ocurre es que, como en el caso de las fallidas investiduras, Sánchez quiere apoyos incondicionales y gratis. Alguno tal vez se los prometió demasiado pronto.

** Alguien tendrá que explicar cómo las penas impuestas a los alzados independentistas catalanes hayan podido venir a coincidir con las señaladas el año pasado para los acusados de un asunto menor, cual fue el amaño de contratos entre la Generalidad levantina y la trama Gürtel a propósito del asunto Fitur. Trece años para Junqueras y otros trece para Francisco Correa y para Pablo Crespo; doce para Romeva, Turull y Bassa y otros tantos para Álvaro Pérez, alias “el Bigotes”. Y así sucesivamente. 

Unas y otras han procedido de la misma Sala del alto Tribunal. Algo falla cuando las cosas llegan a ser así . No parece ni justo ni proporcionado. No sé, pues, quién tendrá más derecho a quejarse de penas duras

** Exceltur, una de las principales patronales del sector, prevé que la actividad turística se estanque en este cuarto trimestre. “Crecimiento nulo”, ha pronosticado. Un cóctel de episodios adversos y amenazas marcan el frenazo previsto. Y ha advertido sobre el impacto que las algaradas en Cataluña podrían tener en el negocio. De hecho sólo entre octubre de 2017 y principios de 2018 dicha comunidad perdió185.000 turistas y 310 millones de euros de facturación para las empresas turísticas. 

Al tiempo, cada vez son más los países importantes que están advirtiendo a sus respectivos ciudadanos del riesgo de viajar a Cataluña. Los transportistas, por su parte, se están dejando 25 millones diarios por el corte de carreteras. Y la fuga de empresas continúa: 93 en este trimestre. Lógico.

** La aplicación del 155 no tiene por qué suponer necesariamente la supresión  del régimen autonómico en la comunidad que corresponda. Caben intervenciones de instituciones puntualesconcretas y temporales. Por eso muchos se han preguntado si Gobierno y Partido Socialista estarían dispuestos a llevar a la práctica tal medida para recuperar la gestión de las competencias penitenciarias

Muy de recibo no parece, en efecto, que las decisiones sobre el cumplimiento de condenas por parte de los penados sean tomadas por un correligionario,  funcionario o nombrado por la propia Generalidad. Ya hemos visto lo bien que han sido tratados en la para ellos cárcel-hotel de LLedoners. Pedir una reversión al Estado central de las competencias en Policías autonómicas y prisiones eso ya sería una “ensoñación”, como dirían los magistrados del Supremo.

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