Acotaciones

** Cuesta muy mucho aceptar que en la sentencia del Supremo sobre un conflicto tan complejo y novedoso como ha sido el golpe de Estado independentista en Cataluña, no se haya registrado un solo voto particular. Fiscalía y juez instructor se han quedados más solos que la una. Visto lo visto, lo que se lleva ahora son las sentencias por unanimidad.

Ha sucedido lo mismo con el veredicto sobre la exhumación de Franco. Y hace tiempo que el Tribunal Constitucional y otras altas magistraturas vienen procediendo de igual manera. Da la impresión, pues, de que los votos divergentes o particulares se están convirtiendo en rara avis de nuestros usos procesales.

El ponente Marchena, que con tan buena mano dirigió la vista oral, ha perseguido la unanimidad en el fallo y el acuerdo en el cuadro de penas impuestas. La general avenencia tiene la ventaja de poder intuir que los siete magistrados firman la sentencia en total conformidad. Pero también da la inevitable impresión de apaño y pasteleo.

Y si en esta ocasión, además, el meollo del fallo –sedición– concurre en sintonía con las tesis del Gobierno por boca del abogado del Estado –cambiado para la ocasión- y en contrario con las acusaciones iniciales de rebeldía, estaría más que justificada para algunos la impresión de que la sentencia apesta a política.

Personalmente no me atrevería a ser tan rotundo ni decir tanto. Prefiero mantener más bien la presunción de que el Tribunal ha decidido con la vista puesta a modo preventivo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que los condenados piensan recurrir y en el que tanto confían. No quiere verse desautorizado desde tan alta instancia.

De todas formas, bien puede concluirse que a los procesados no les ha salido gratis su desquiciada aventura golpista. Pero sí, que les ha resultado barata. La condena ha sido la más indulgente que cabía esperar. Al final, habrán de cumplir pena en las cárceles-hotel para ellos habilitadas y administradas por sus propios correligionarios.

Por otra parte, si a mayores el Tribunal ha renunciado a blindar el cumplimiento de las condenas, en contra de lo que expresamente había reclamado la Fiscalía, por entender que no es de su competencia, ello significa que los reos podrán acceder al tercer grado desde ahora mismo. Así que lo probable es que enseguida los veamos en libertad. Inhabilitados, sí. Pero libres. Y jaleados en olor de multitud.

Bochornosa ha sido, por lo demás, la comparecencia desde Bruselas del expresidente Carles Puigdemont solidarizándose con los condenados que llevan –algunos- dos años presos. Y no sólo por las sandeces y obcecaciones proferidas, sino también porque el mejor instrumento para predicar el apoyo fraterno no es el micrófono, sino el ejemplo. Y él anda suelto por donde puede, huido de la Justicia.

** Otra de las constantes de nuestro sistema judicial son las filtraciones de secretos sumariales y sentencias; actuaciones impropias de una institución que pretende ser respetada. A bote pronto, sólo recuerdo un reciente veredicto importante en el que no se produjeron: el que costó a Urdangarín seis años y tres meses de cárcel. Ello quiere decir que, cuando se quiere, se puede.

El caso es que en esto cabría aplicar el refrán del “dime con quién andas y te diré quién eres”. O sea: que si tales revelaciones casi siempre se producen en beneficio informativo de un determinado medio, habrá que concluir que ellas proceden de quienes tienen a dicho periódico y emisora de radio como grupo mediático de cabecera.

** Para un profano en la materia no resulta sencillo hacerse con la metodología de cálculo y pago a las comunidades autónomas de las llamadas entregas a cuenta, que este año el Gobierno está manejando a su gusto y conveniencia. Pero quienes conocen mejor los complicados vericuetos del procedimiento, están asombrados con lo sucedido en la presente ocasión.

Sucede que las cuantías comunicadas en julio a las Haciendas regionales en los Consejos de Política Fiscal y Financiera (CPFF) no solían variar respecto a la confirmación de las mismas en octubre. Así venía siendo habitual. Este año, sin embargo, han sufrido un recorte de 102 millones de euros.

¿Y quiénes han sido las comunidades más perjudicadas?: Madrid, Andalucía y Murcia; esto es, tres de las principales comunidades del PP. ¿Y la más beneficiada hasta con un plus a mayores? :Valencia, de obediencia sanchista-socialista. Muy curioso y sospechoso parece todo ello.

** Ante la continuada presión que sufre en el margen financiero, con unos tipos de interés ultrabajos, la Banca española se encuentra en plena ofensiva para aumentar ingresos vía comisiones. Como bien se sabe, éstas tienen su origen en la venta de distintos productos, como seguros, fondos de inversión y planes de pensiones, además de las típicamente bancarias, como tarjetas y transferencias.

Pues bien: destaca el empujón a ello dado por tres entidades (Sabadell, Bankia y BBVA), cuyos ingresos por tal concepto superan ya el 30 por ciento del margen bruto o margen de beneficio de la entidad. La catalana se sitúa a la cabeza. Y la antigua Caja Madrid será la primera que cobre a clientes de Banca privada por custodiar sus depósitos.

Con todo, en la Unión Europea la Banca española es, después de la británica, la que menos carga por servicios puramente bancarios. Como siempre: el que no se consuela es porque no quiere.

** Según la nada sospechosa prensa regional, Cataluña es la comunidad con más centros escolares alojados en barracones. Este curso superan ligeramente los mil. En condiciones claramente inferiores a las deseables y entre paredes de metal, dan servicio a cuatrocientos colegios y a 20.000 alumnos.

El problema viene de lejos, por lo que no es exclusivamente imputable al actual Administración educativa. Pero lo cierto es que enfrascado como está en su recalcitrante independentismo, el actual Gobierno autonómico apenas avanza en el abordaje del problema. Este curso ha retirado 57, pero instalado otros 53. Lo comido por lo servido. El plan es eliminar setecientas de tales instalaciones en el plazo de siete años. Largo nos lo fían. Y se confirma una vez más que Cataluña es un bluff en lo que a servicios públicos se refiere.

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