La dudosa proporcionalidad de las multas por reincidencia en el consumo de cannabis

Se ha podido saber a través de varios medios de comunicación que en Yecla se está aplicando estrictamente la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, y se están imponiendo multas de más de 10.000 euros a consumidores habituales de cannabis.

En la Ley Orgánica 4/2015, se recogen las infracciones previstas en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, relacionadas con el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, a las que se agregan otras dirigidas a favorecerlo.

Conforme al artículo 36 de la Ley Orgánica 4/2015, constituye una infracción grave el consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares. Según el artículo 39, para las infracciones graves, el grado mínimo comprenderá la multa de 601 a 10.400; el grado medio, de 10.401 a 20.200 euros, y el grado máximo, de 20.201 a 30.000 euros, correspondiendo el grado medio, por el artículo 33.1, a aquellas personas que obren reincidiendo por la comisión en el término de dos años de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa, de manera que la sanción que se debe imponer a los consumidores de drogas que obran en público es de, al menos 10.401 euros.

El artículo 33 de la Ley Orgánica 4/2015 determina que en la imposición de las sanciones por la comisión de las infracciones tipificadas en esta Ley se observará el principio de proporcionalidad. Sin embargo, a los que redactaron ese precepto se les olvidó que el principio de proporcionalidad en el régimen sancionador también afecta al ente legislativo. Así lo determina la Sentencia del Tribunal Supremo 1468/2017, de 28 de septiembre, que establece que “en una acepción amplia, constituye un principio general del Derecho público que sostiene la exigencia de que cualquier actuación de los poderes públicos licitadora o restrictiva de derechos responda a los criterios de necesidad y adecuación al fin perseguido; en una acepción más estricta, representa la existencia de una «debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada» (art. 131.3 LRJPAC), que puede contemplarse en su vertiente normativa o en su vertiente aplicativa por la Administración o los Tribunales; siendo, un mecanismo de control tanto de la actuación del legislador -vertiente normativa- aun cuando el propio Tribunal Constitucional en sentencia 65/86 reconoce la dificultad salvo que la norma contenga márgenes de discreccionalidad tan amplios que dieran lugar a la aplicación de sanciones muy diversas, incompatibles con la seguridad jurídica; en cambio, en su vertiente aplicativa, el principio de proporcionalidad ha servido en la jurisprudencia como un importante mecanismo de control por parte de Tribunales del ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración cuando la norma establece para una infracción varias sanciones posibles o señala un margen cuantitativo para la fijación de la sanción pecuniaria”. En relación con la cuestión, la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 1992 señala que “Con reiteración viene manteniendo la procedencia de concretar las sanciones administrativas en contemplación de la infracción cometida, graduándolas con el adecuado criterio de proporcionalidad insito en los principios ordenadores del Derecho sancionador, sopesando a tal fin las circunstancias concurrentes en el hecho constitutivo de la infracción sancionada, correspondiendo a la actividad jurisdiccional, como se dice en la Sentencia de 26 de septiembre de 1990 no sólo la facultad de subsumir la conducta del infractor en un determinado tipo legal, sino también adecuar la sanción al hecho cometido, ya que en uno y otro caso, se trata de la aplicación de criterios jurídicos plasmados en la norma escrita e inferible de principios infamadores del ordenamiento jurídico sancionador, como son los de congruencia y proporcionalidad entre la infracción y la sanción”.

Una solución para los afectados por las sanciones de consumo de drogas puede ser la de impugnar el acto administrativo de naturaleza sancionadora ante el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo competente y solicitar el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley Orgánica 4/2015. Sin embargo, según la Sentencia del Tribunal Constitucional 215/2016, de 15 de diciembre, “desde la perspectiva del control de constitucionalidad que nos es propio, no puede invocarse de forma autónoma y aislada el principio de proporcionalidad, ni cabe analizar en abstracto si una determinada actuación de un poder público o una determinada prescripción normativa resulta desproporcionada o no” y “Si se aduce la existencia de desproporción, debe alegarse primero y enjuiciarse después en qué medida ésta afecta al contenido de los preceptos constitucionales invocados: sólo cuando la desproporción suponga vulneración de estos preceptos cabrá declarar la inconstitucionalidad (SSTC 55/1996, de 28 de marzo, FJ 3; 136/1999, de 20 de julio, FJ 22, y 60/2010, de 7 de octubre, FJ 7)”.

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