España carece de lo que debe tener un Estado moderno: uniformidad fiscal

Pesa mucho en mis apriorismos mi simpatía por el pensamiento de Emmanuel-Joseph Sieyès, cuando describe que la Revolución Francesa fue como un rayo que borró los vestigios, privilegios y fueros del Ancien régime. En nuestro caso, pese al esfuerzo de los constitucionalistas de Cádiz para forjar una nación moderna, persisten en nuestros días como un lastre histórico, agravados por el, a mi entender disparatado “Estado de las Autonomías”, en no pocos de sus contenidos o el modo en que se cedieron determinadas competencias esenciales por parte del Estado. El elevado número de cargos y asesores ha creado una nómina fantasma de sujetos que viven del presupuesto con sueldos elevados, escasas funciones y menos eficacia.
Uno piensa que un Estado moderno se caracteriza por la uniformidad fiscal; es decir, que todos los ciudadanos contribuyan conforme a sus rentas, en la proporción adecuada, residan donde residan, al sostenimiento de la carga del Estado, sin privilegios ni distinciones ni vestigios de fueros medievales o cosa parecida. Pero eso no pasa en España. Y a uno le sorprende que partidos que se dicen de izquierda o “progresistas”, como el propio PSOE no hayan levantado la bandera contra la existencia de privilegios y exenciones que proceden del siglo XIX y tienen su origen en la época medieval.
¿A cuanta de qué salgo yo ahora con esto, consciente de que es un asunto blindado sin vuelta a atrás?  Porque una de las causas que desencadenan el actual proceso que vive Cataluña tiene uno de sus primeros episodios en la entrevista de Artur Mas con Rajoy, en la que le pide un concierto económico o cupo como el vasco, y que al no ser atendido pone en marcha lo que acabará con lo que Pedro Sánchez consideró un delito de rebelión, si bien eso fue antes de subirse al Falcon. Atención pues, porque un sector del nacionalismo catalán no ha descartado la vieja pretensión de Mas.
Las diputaciones del territorio que el padre del Federalismo español, Pi y Margall llama las “Provincias Vascongadas”, conservaron los privilegios del llamado “concierto económico”, que surge como consecuencia de la política canovista de que las provincias aportasen ingresos a Hacienda y soldados a las Quintas. Las diputaciones se encargarían de esa función, dado que el Estado carecía de estructura para recoger directamente los impuestos. El cupo vasco era negociado con el Estado y se conservó como sistema propio distinto del resto de España hasta la guerra civil, en que Franco conservó solamente la excepción de Álava, por considerar a los Vizcaya y Guipuzcoa “provincias traidoras”. Con la Constitución de 1978, se restituyó el concierto en toda su extensión. Hoy está blindado.
Rajoy cedió en su momento nuevas ventajas al País Vasco. para conseguir el apoyo del PNV que luego voto a favor de la moción de censura. El concierto supone dos diferencias importantes respecto a las comunidades autónomas de normativa común. Las diputaciones son las encargadas de recaudar de forma directa todos los impuestos en Euskadi o Navarra en su caso. La recaudación o la inspección fiscal no son competencia de la Agencia Tributaria, sino propios de Euskadi o Navarra. Otra diferencia es que Euskadi y Navarra tiene competencias para aprobar normativa fiscal en casi todos los impuestos Como IRPF, Impuesto Sociedades (salvo IVA e impuestos especiales como alcoholes e hidrocarburos, que corresponde al Estado).
El País Vasco ha contado históricamente con una presión fiscal menor. Además, existen exenciones importantes como la de compra de vivienda que se mantuvo en el País Vasco, mientras que en el resto del Estado fue suprimida. Normalmente la cantidad de recursos públicos por habitante que gestionan las instituciones vascas es superior a los del resto de España, especialmente los años en los que va bien la economía y hay una recaudación mayor. Lo que paga el País Vasco no depende de los ingresos que tiene sino de los gastos que tiene el Estado. Por ello si por tener una mejor situación económica tiene más ingresos el resultado es que las administraciones vascas tienen más dinero para gasto/ inversión por habitante. En la actualidad este sistema está beneficiando a Euskadi. No hay en Europa territorios con tanta capacidad de normativa fiscal. Pero existen pequeñas excepciones –nada que ver con el pacto fiscal español-, en el caso de regiones alejadas. Canarias es una de esas excepciones.
Navarra tiene, como derecho histórico plasmado en su régimen foral, potestad para establecer, regular y mantener su propio régimen tributario. El Convenio Económico se gesta en la Ley de Modificación de Fueros y a partir de 1841 el donativo foral adquiere carácter obligatorio y de cálculo objetivo. El poder central fue cediendo de modo paulatino competencias y privilegios a Navarra.  La moderación que trató de imponer Cánovas provocó una airada reacción en contra.  Finalmente, no se llevó a cabo la pretensión del gobierno de España. Hasta Primo de Rivera cedió. Franco mantuvo el concierto con algunos ajustes técnicos. No en vano, Navarra aportó sus famosas brigadas al ejército sublevado.
Y así llegamos a nuestros días. En España no existe uniformidad fiscal para sus ciudadanos, y el caso vasco y navarro es un modelo que reclamó Cataluña y que al no ser atendido disparó el proceso en que nos hallamos,

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