Consecuencias del pensamiento único

Ciertamente, no corren buenos tiempos para la libertad. En general, el dominio del pensamiento único en los más variados aspectos de las ciencias sociales está socavando los pilares de un edificio científico que precisa de nuevos planteamientos, de nuevos fundamentos. La pretendida negación por la cúpula tecnoestructural de la objeción de conciencia, la diferente regulación, en aras de la utilidad, de la eficacia o del sentimiento humano, de las condiciones de vida de la persona –en sus estadios previos o en su fase terminal–, proporcionan buenos ejemplos de los embates a que se está sometiendo a una determinada manera de entender el sentido de la vida.

Pues bien, frente a un pensamiento único que pretende, en materia jurídica, reducir las fuentes del derecho sólo a la ley pasando por alto los principios generales del derecho, nos encontramos en la versión más cerrada del positivismo jurídico que, de ser proyectada, por ejemplo, sobre determinadas etapas de la historia europea del siglo pasado, llevaría a consecuencias catastróficas de aceptarse en su dimensión absoluta. En realidad, lo que está en juego es si el poder es un concepto absoluto o debe estar abierto al servicio de la dignidad del ser humano. Si el poder es un concepto estático o cerrado, o la justificación única de la actividad política, entonces en mi opinión fallan los postulados sobre los que descansa el principio democrático. Si el poder es, como decían los clásicos, una función de servicio a la colectividad, entonces la actividad legislativa no debiera ser un ejercicio de supervivencia política o la justificación para mantenerse en el poder, sino la expresión de la voluntad general, de la razón de acuerdo con el bien común o, si se quiere, en lenguaje más moderno, en armonía con el bienestar integral de los ciudadanos.

En la medida en que el derecho es poder racionalizado o, fuerza racionalizada, entonces los atentados a la dignidad de las personas ni siquiera se valorarán. Por ejemplo, ¿cómo es posible que se admita la adopción de seres humanos a los que ni siquiera se consulta?. O, ¿cómo se podrá explicar dentro de veinte o cuarenta años que se aprobaron leyes que permitían sencillamente la liquidación de embriones humanos, de seres humanos en potencia?.

La contestación a estas preguntas no se puede hacer cabalmente en estas pocas líneas. Lo que pretendo, con el artículo de hoy, es desmarcarme de la dictadura de lo políticamente correcto, censurar la versión insolidaria del socialismo que nos gobierna y, sobre todo, animar a quienes estén a gusto pensando libremente que manifiesten libremente sus puntos de vista y opiniones sin miedo.

Las afirmaciones dogmáticas y categóricas sobre la objeción de conciencia en un Estado democrático son una prueba paradigmática de que, como no hay mal que por bien no venga, nos encontramos en un momento bien relevante para fundamentar el orden político, social y económico sobre el suelo firme de la excelsa dignidad humana. Casi nada.

Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de Derecho Administrativo

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