La necesaria exigencia de responsabilidad penal a las personas jurídicas


Algunos se llevan cuestionando mucho tiempo la regulación sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El debate sobre la cuestión tiene sentido a la luz del caso de BBVA, cuya imputación ha sido solicitada por el Ministerio Fiscal en el asunto de la contratación de Villarejo para lograr la interceptación de comunicaciones de terceros. 

Hay que tener presente que la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, implantó de manera pormenorizada la responsabilidad penal de las personas jurídicas porque ya eran “numerosos los instrumentos jurídicos internacionales que demandan una respuesta penal clara para las personas jurídicas, sobre todo en aquellas figuras delictivas donde la posible intervención de las mismas se hace más evidente (corrupción en el sector privado, en las transacciones comerciales internacionales, pornografía y prostitución infantil, trata de seres humanos, blanqueo de capitales, inmigración ilegal, ataques a sistemas informáticos…)”, optándose por establecer una doble vía por la que “Junto a la imputación de aquellos delitos cometidos en su nombre o por su cuenta, y en su provecho, por las personas que tienen poder de representación en las mismas, se añade la responsabilidad por aquellas infracciones propiciadas por no haber ejercido la persona jurídica el debido control sobre sus empleados, naturalmente con la imprescindible consideración de las circunstancias del caso concreto a efectos de evitar una lectura meramente objetiva de esta regla de imputación”. La regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas fue reformada posteriormente por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, “con la finalidad de delimitar adecuadamente el contenido del «debido control», cuyo quebrantamiento permite fundamentar su responsabilidad penal”, de manera que se pudo poner “fin a las dudas interpretativas que había planteado la anterior regulación, que desde algunos sectores había sido interpretada como un régimen de responsabilidad vicarial, y se asumen ciertas recomendaciones que en ese sentido habían sido realizadas por algunas organizaciones internacionales”.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas tiene un adecuado encaje normativo en el ordenamiento jurídico español. La Sentencia del Tribunal Supremo 154/2016, de 29 de febrero, establece que “el sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica se basa, sobre la previa constatación de la comisión del delito por parte de la persona física integrante de la organización como presupuesto inicial de la referida responsabilidad, en la exigencia del establecimiento y correcta aplicación de medidas de control eficaces que prevengan e intenten evitar, en lo posible, la comisión de infracciones delictivas por quienes integran la organización”. Además, la misma resolución indica que “la determinación del actuar de la persona jurídica, relevante a efectos de la afirmación de su responsabilidad penal (incluido el supuesto del anterior art. 31 bis.1 parr. 1º CP y hoy de forma definitiva a tenor del nuevo art. 31 bis. 1 a) y 2 CP, tras la reforma operada por la LO 1/2015), ha de establecerse a partir del análisis acerca de si el delito cometido por la persona física en el seno de aquella ha sido posible, o facilitado, por la ausencia de una cultura de respeto al Derecho, como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas físicas que la integran, que habría de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos, tendentes a la evitación de la comisión por éstos de los delitos enumerados en el Libro II del Código Penal como posibles antecedentes de esa responsabilidad de la persona jurídica”.

Ciertamente, se necesita exigir la responsabilidad penal de personas jurídicas por la comisión de delitos para poder incentivar la realización de actuaciones por parte de sus administradores, que deben obrar con la finalidad de lograr que las entidades privadas establezcan mecanismos de prevención de infracciones penales utilizando estructuras complejas, ya que el Estado carece de medios suficientes para combatir la delincuencia desarrollada a través de grandes sociedades, lo cual revela debilidad en la aplicación del Derecho Penal, pero también fuerza en las organizaciones utilizadas encubiertamente para cometer delitos en el ejercicio de sus actividades. 

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