Repaso al gasto público

Tal como estaba previsto, la Autoridad independiente de Responsabilidad fiscal (Airef) ha hecho públicos a lo largo del mes de junio los siete informes que constituyen la primera fase del proceso de revisión integral del gasto en todas las Administraciones, conocido en términos técnicos como Spending Rewiew y cuyo objetivo es detectar posibles ineficiencias y solapamientos.

Es esta una práctica cada vez más extendida en los países de nuestro entorno con mejor desempeño económico. En el caso de España tiene su origen en el compromiso adquirido a tales efectos con la Comisión Europea a finales de 2016. Y es el primero que aquí se realiza por un organismo independiente.

Siete son, como digo, los grandes sectores sobre los que Airef ha puesto el foco: desde las políticas de subvenciones, hasta el gasto farmacéutico y el servicio postal, pasado por las políticas activas de empleo, las becas universitarias, el sistema público de I+D+I y la competitividad empresarial.

Tal vez el más llamativo de todos haya sido el dedicado a las subvenciones, en el que el fiscalizador de las cuentas públicas advierte no ya duplicidades, falta de coordinación entre ellas o malas praxis de gestión, sino sobre todo, y lo que es peor, un descontrol total.

El análisis de Airef pone de manifiesto que no hay forma de calcular y dar una cifra cerrada sobre las diferentes ayudas que dan todas las Administraciones a individuos, empresas y otro tipo de sociedades. Los gestores públicos -dice- son incapaces de hacer el recorrido de la subvención desde que se otorga hasta que llega al destino; de saber en muchos procedimientos si el receptor ha cumplido el compromiso que motivó la solicitud y de chequear a la postre los efectos beneficiosos, perjudiciales o ineficaces de la ayuda concedida. Sólo Galicia, Baleares, Castilla y León, Cataluña y Navarra tienen planes estratégicos al respecto.

Por subsectores destacan las comunidades autónomas, con un importe de concesión de subvenciones de 9.700 millones de euros; cuantía muy superior a la realizada por la Administración General del Estado, que no llega a 3.000 millones, y por las corporaciones locales, que asciende a 1.600 millones.

Visto lo visto, no habrá que pasar por alto que los 14.000 millones de 2017 sobre los que se ha centrado el fiscalizador equivalen a casi punto y medio del PIB y no andan lejos del déficit anual de la Seguridad Social, lo que otorga una especial gravedad al descontrol generalizado existente.

Por deficiencias muy parecidas a las reseñadas tampoco salen muy bien paradas del análisis las llamadas políticas activas de empleo. De entrada, no ha sido fácil calcular los dineros públicos a ellas dedicados, pero se estima que andarán entre los 6.100 y 6.500 millones de euros. Y la ejecución del gasto por parte de las Administraciones regionales es tan ineficiente que en 2017 éstas sólo ejecutaron el 61 por ciento del presupuesto previsto.

Repaso, pues, en un doble sentido del término: reconocimiento de algo después de hecho para comprobar virtudes o deficiencias y regañina por puesta en evidencia de tamaños desajustes en la gestión.

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