El suicidio para el Derecho Penal y el vídeo de Iveco

Por la cuestión referente a Verónica, la trabajadora de Iveco que se arrebató la vida tras descubrir que un tercero había difundido un vídeo íntimo protagonizado por ella, se han planteado numerosas preguntas y se han realizado numerosas declaraciones. La presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, afirmó, en relación con la joven, que “evidentemente, ella no puede denunciar porque está muerta”, pero “si se demuestra que el autor de la difusión fue su ex novio, el caso sería perseguible de oficio” y “eso significa que con las testificales, las pruebas telemáticas que obtenga la Policía, sería suficiente para abrir un proceso penal que podría acabar en condena”.

Hay que tener presente que la Sentencia del Tribunal Constitucional 120/1990, de 27 de junio, establece que “no es posible admitir que la Constitución garantice en su art. 15 el derecho a la propia muerte”, pues “el derecho a la vida un contenido de protección positiva que impide configurarlo como un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte”. Esa afirmación explica que el Código Penal castigue en su artículo 143 tres conductas vinculadas con el suicidio de otra persona: la inducción al suicidio, la cooperación al suicidio y el homicidio consentido. En relación con esta cuestión, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza 85/2016, de 19 de abril, indica que “Común a las varias figuras son los elementos de la muerte del suicida y la propia existencia de un suicidio en cuánto muerte querida y buscada por parte de una persona imputable” añadiendo la resolución que “El suicidio consumado naturalmente no es delito ni puede serlo y la ley ni siquiera castiga el suicidio frustrado ni la tentativa (S 12 Dic. 1944)”.

Ciertamente, no se puede atribuir al difusor del vídeo íntimo de la trabajadora de Iveco el suicidio de la joven, porque, aunque haya relación de causalidad en la medida en que suprimiendo la divulgación del archivo en cuestión desaparecería la decisión de la chica de arrebatarse la vida, es imposible poder atribuir el suicidio a una persona con la imputación objetiva, pues pudieron concurrir diversas condiciones que ayudaron a decidirse a la chica por el suicidio, siendo cierto que la conducta descrita no constituye delito alguno, ya que, como afirma Francisco Muñoz Conde en su manual de la parte especial del Derecho Penal, ”si en el ejercicio de esa libertad una persona adulta decide suicidarse, las formas de participación y favorecimiento doloso por parte de terceros en esa decisión sólo pueden castigarse en la medida en que exista un precepto específico que así lo disponga expresamente”. Es posible pensar en la inducción al suicidio como delito cometido en este caso, pero la misma debe ser desarrollada con el conocimiento y la voluntad de favorecer el suicidio, desarrollándose la conducta de manera directa y eficaz, pudiendo destacarse la argumentación sobre este tipo de asuntos que se recoge en la Sentencia del Juzgado de Menores nº 1 de San Sebastián 86/2005 de 12 de mayo, que establece que “la inducción al suicidio prevista y penada en el artículo 143 del Código Penal requiere una colaboración, una prestación coadyuvante que ofrezca una cierta significación y eficacia en la realización del proyecto que preside a un sujeto de acabar con su propia existencia, es decir, una conducta por parte del sujeto activo de colaboración prestada a la muerte querida por otra persona, en relación de causalidad con su producción y con pleno conocimiento y voluntad de cooperar a la misma, de tal modo que sea el propio suicida el que tenga en todo momento el dominio del hecho, o sea, el sujeto activo no haga otra cosa que cumplir la voluntad libre y espontáneamente conformada y expresamente formulada por quien en todo momento decide finalización o desiste (sentencia del Tribunal Supremo, entre otras, de 23 de noviembre de 1994)”.

A veces se producen hechos que ponen de relieve la desgraciada insuficiencia del Código Penal en algunas cuestiones y, por ese motivo, la labor legislativa debe hacerse de manera meditada, haciendo una amplia previsión de los supuestos que puedan producirse. Sin embargo, hay casos en los que el Derecho Penal no puede alcanzar una solución aparentemente justa, aunque si puede ofrecer una respuesta más adecuada, como la que en el caso de la trabajadora de Iveco podría haber generado la posibilidad de perseguir el delito de revelación de imágenes íntimas sin la denuncia de la víctima conforme al artículo 201 del Código Penal.

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