¿Fue delictiva la última negociación del Gobierno con ETA?

Las actas de la negociación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con ETA han causado consternación, aunque la misma no ha durado demasiado en los medios de comunicación dadas las circunstancias en las que se han difundido, caracterizadas precisamente por la tensión derivada de las negociaciones para determinar que partidos políticos van a controlar el Gobierno estatal, los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.

Santiago Abascal afirmó que los servicios jurídicos de Vox están estudiando el caso a partir de las actas porque se está pensando en la posibilidad de instar el inicio de un proceso penal contra miembros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por la posible comisión de delitos. Probablemente, el líder político y sus compañeros están pensando en la posibilidad de presentar una querella por considerar que existen indicios racionales propios de un delito de colaboración banda armada, que se regula en el artículo 577 del Código Penal estableciendo que será castigado con las penas de prisión de cinco a diez años y multa de dieciocho a veinticuatro meses el que lleve a cabo, recabe o facilite cualquier acto de colaboración con las actividades o las finalidades de una organización, grupo o elemento terrorista, o para cometer cualquiera de los delitos vinculados con el terrorismo. Sin embargo, hay que destacar que existen dos problemas para defender la existencia de responsabilidad penal de los miembros del Gobierno dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero con motivo de la última negociación con ETA.

El primero es la posible falta de tipicidad de la conducta, que no parece ajustarse a lo establecido en el artículo 577 del Código Penal en la medida en que no es sencillo encajar los hechos en el precepto y, conforme a la Sentencia del Tribunal Constitucional 133/1987, de 21 de julio, no es posible interpretar los preceptos sancionadores de manera extensiva y resulta inconstitucional aplicar normas penales desfavorables por analogía, que se produce cuando se utiliza una norma para un supuesto de hecho que, careciendo de régimen jurídico, presenta una identidad de razón con el supuesto de hecho regulado.

El segundo es la posible concurrencia de una circunstancia eximente de cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, regulado en el artículo 20.7º del Código Penal. Esa circunstancia eximente, que excluye la antijuridicidad, se basaría en la resolución del Congreso de los Diputados de 17 de mayo de 2005 con la que se facultó al Gobierno para contactar con ETA y que señala que, con el fin de “coadyuvar al favorable desenlace de esas expectativas es necesario subrayar, una vez más, el principio democrático, enunciado por el Presidente del Gobierno en la comunicación al Congreso con motivo del debate del estado de la Nación, del papel activo que la política puede y debe jugar en el fin del terrorista de ETA”, “el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad de poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, promueva y apoye un proceso de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través delos representantes legítimos de la voluntad popular”. Además, teniendo presente que ETA se disolvió, sería fácil para cualquier órgano jurisdiccional argumentar que la finalidad de la negociación justificó los medios empleados.

La querella que pueda presentarse por Vox contra los miembros del Gobierno que ocupaban sus cargos en la época de la última negociación con ETA terminará siendo inadmitida o desestimada. Sin embargo, que la conducta descrita no sea delictiva no implica que no se puedan considerar ética y políticamente reprobable.

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