La derogación virtual de la Ley 40/2015

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, aparecía como disposición derogada en la página web del Boletín Oficial del Estado el pasado día 1 de junio. En varios foros se extendió la incredulidad, pues no se conocía ley alguna que pudiera ponerle fin a la vigencia de la Ley 40/2015, que resulta esencial para el ordenamiento jurídico porque tiene por objeto establecer y regular las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades. Finalmente, la derogación virtual de la Ley 40/2015 fue corregida y la norma recuperó en internet una vigencia que jamás perdió.

Hay que tener presente que, según el artículo 2 del Código Civil, las leyes solo se derogan por otras posteriores, de modo que se requería otra ley para dejar sin efectos la Ley 40/2015, siendo cierto que, en el caso en que se derogara esa norma, habría que fijar nuevas reglas para el régimen de las Administraciones Públicas, pues, de acuerdo con el artículo 2 del Código Civil, por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que esta hubiera derogado. Así sucedió con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que fue sustituida por la Ley 40/2015 y por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Es necesario que se actúe diligentemente para evitar inseguridad jurídica por el tonto error de indicar que una norma vigente está derogada, pues, aunque un fallo lo tiene cualquiera, lo han cometido con una de las leyes más importantes que existen. Sin embargo, también se puede aprender de todo lo sucedido en relación con dos aspectos. Por un lado, al fin ha cobrado sentido la nota del final de las normas jurídicas en el Boletín Oficial del Estado, en el que siempre se dice, para todas las leyes y los reglamentos, que “este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico”. Por otro, ha quedado acreditado que, si bien es cierto que las nuevas tecnologías han servido para lograr grandes avances en la publicidad de las normas que se garantizar en el artículo 9.3 de la Constitución, hay que obrar con cuidado, pues los que dirigen los medios de divulgación normativa también se pueden equivocar.

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