La hora del bolsillo

Llega la hora de la verdad. La hora del bolsillo. Desatrancado con las elecciones de finales de abril el callejón en que había devenido la moción de censura, llega el tiempo de la subida de impuestos de todo orden: de los ya previstos en los presupuestos generales que no pudieron salir adelante y/o de los que alumbre para 2020 el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, más de los que también terminen por aplicar, a pesar de las promesas, se aprestan a aplicar los gobiernos de izquierda salidos de las autonómicas de hace unos días.

Durante la larga y fatigosa campaña preelectoral y electoral vivida, pocas voces han abordado la cuestión ni desvelado intenciones. No era el mejor tiempo para ello. Fue, sin embargo, el candidato socialista para la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, quien abrió un discreto fuego al respecto y se atrevió a apuntar que si llegaba a gobernar, exigiría a sus contribuyentes un mayor esfuerzo fiscal en Sucesiones y Donaciones, que allí gozan de una amplia bonificación.

Si se mantienen las expectativas de acuerdo entre las tres fuerzas de la derecha mayoritarias en las elecciones del pasado domingo, por esta vía no sucederá así. Pero da igual. De hecho, como consejera del ramo en Andalucía y cargando de forma especial contra la ventajosa tributación que ofrecía Madrid, la actual ministra en funciones de Hacienda, María Jesús Montero, fue una de las máximas defensoras de la elevación general de estos impuestos. Lógico es, pensar, que ella o quien la suceda en el puesto lo saque ahora adelante para su aplicación en todo el país, sin tener que mirar de reojo a unas urnas próximas.

Uno de los objetivos del Partido Socialista durante la pasada legislatura fue abordar la postergada reforma del sistema de financiación autonómica, que entre otras medidas incluiría la fijación para todos los territorios de un umbral mínimo en los impuestos que comentamos para luchar contra la denominada “competencia fiscal”. O dicho en su jerga, para lograr una “armonización fiscal”, donde las comunidades que hasta ahora han utilizado a la baja la potestad de que gozan saldrían manifiestamente perjudicadas, mientras que quienes no lo han hecho no se verían obligadas a reducción alguna. El debate se abrirá tarde o temprano.

Sucesiones es, como se sabe, un impuesto cedido por el Estado a las comunidades autónomas, sobre el que éstas tienen amplio margen de maniobra, hasta el punto de eliminar en la práctica su cobro. Y la verdad es que por mucha soberanía impositiva que justamente se invoque, las diferencias entre territorios, son llamativas e hirientes.

Por ejemplo: un soltero de 30 años que hereda de su padre bienes por valor de 800.000 euros, de los que 200.000 corresponden a la vivienda del progenitor fallecido, en Asturias habría de pagar más de 100.000 euros, mientras que en Cantabria, Andalucía, Canarias, Madrid, Extremadura y Aragón la factura sería casi inexistente. Galicia ahí anda ten con ten, practicando exenciones selectivas, pero sin sumarse a las más favorecedoras.

No es de extrañar que tantos herederos renuncien a lo que les corresponde. No les sale a cuenta. Tienen que pagar demasiado.

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