Batet y Marchena

No andaba muy descaminado el Partido Popular cuando en noviembre último pensó en Manuel Marchena para presidir el Tribunal Supremo y, en consecuencia, el CGPJ. Hubo de vencer las reticencias de Pedro Sánchez, a quien no gustaba el perfil profesional conservador que se atribuía al magistrado canario y titular ya entonces de la Sala de lo Penal. Tras los inevitables tiras y aflojas, el presidente terminó por apoyar la propuesta del PP, a cambio, eso sí, de una sustanciosa contrapartida: el control del órgano de gobierno del Poder Judicial.

La operación fue anunciada prematuramente y al poco se vino abajo. El detonante fue el célebre WhatsApp del senador popular Ignacio Cosidó, en el que éste podría haber puesto en duda la independencia del magistrado. Y aunque ya había aceptado el nombramiento, Marchena renunció y se quedó donde estaba. Hoy preside, como bien se sabe, el tribunal que juzga a Junqueras y demás irreductibles compañeros catalanes de banquillo.

Y lo hace con mano justa y firme. En realidad está siendo el único alto integrante de una también alta institución del Estado que, con la ley en la mano y atento a las máximas garantías procesales, ha logrado desactivar a los golpistas. Con él en la presidencia del Congreso no hubiera tenido lugar, desde luego, el bochornoso espectáculo que se ha vivido estos días en el palacio de la Carrera de San Jerónimo y que la señora Batet ha permitido sin reproche alguno, en una actuación más propia de un militante de partido (el socialismo catalán) que de una titular de la tercera magistratura de la nación.

Procesados y defensas venían dispuestos a reventar el juicio o, en todo caso, a servirse del mismo como altavoz para propalar sus absurdas y casi siempre infantiles proclamas soberanistas. Lo han hecho, opportune et importune, allí por doquiera han pasado. Pero Marchena los ha ido poniendo en su sitio. No resulta aventurado imaginar cómo el procedimiento se les hubiera ido de la mano a no pocos otros magistrados.

Tiempo ha tenido también el magistrado para a vuelta de correo cortar el mareo de perdiz que la militante señora Batet y el Gobierno Sánchez pretendían con la consulta sobre la suspensión como diputados de los golpistas electos. Una y otro han intentado tanto dejar la decisión para después de las elecciones del domingo, como ampararse en algún papeliño judicial para eludir la iniciativa política debida, como no molestar a los independentistas afectados. Al final, han tenido que pasar por el aro, aunque después de haber dejado claro que ha sido contra su gusto y por imperativo legal.

Se ha tratado, pues, de una nueva utilización de las instituciones en provecho propio. Nada nuevo, por otra parte, porque esta fue desde el minuto uno la tónica del Sánchez y Gobierno salidos de la moción de censura y la que continuará funcionando en la procelosa legislatura que se inicia.

Con mal pie ha iniciado su nuevo destino la presidenta del Congreso. Tal vez sea ya a la primera de cambio un personaje políticamente amortizado. En las dos grandes cuestiones en que ha debido actuar ha dejado todo que desear. Y mucho habrá de rehabilitarse en adelante para recuperar la credibilidad indispensable.

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