Los jueces ya pueden analizar los honorarios de abogados y procuradores


La Sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de marzo de 2019 declara la inconstitucionalidad y nulidad del párrafo tercero de los artículos 34.2 y 35.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, que se refieren, respectivamente, al procedimiento para la reclamación de los honorarios y de y de los procuradores. Hay que tener presente que los preceptos indicados determinan la ausencia de recurso frente al decreto del letrado de la Administración de Justicia cuando los honorarios de los abogados y de los procuradores se discuten por indebidos, que es una resolución que no prejuzgará, ni siquiera parcialmente, la sentencia que pudiere recaer en juicio ordinario ulterior.

Hay que tener presente que la fundamentación de la resolución comentada se basa en la vulneración de los artículos 24 y 117.3 de la Constitución. Concretamente, la sentencia establece que “la exclusión de recurso frente al decreto priva del acceso al control jurisdiccional de una decisión adoptada en el seno de un proceso por un órgano no investido de función jurisdiccional y da lugar al inicio del procedimiento de ejecución, prescindiendo de ese control y excluyendo a la parte de la posibilidad de impugnación contra la decisión del letrado de la administración de justicia”, de modo que se excluye de la competencia de los jueces la resolución de un conflicto que tiene naturaleza jurisdiccional en la medida en que se refiere a la determinación de un derecho de crédito del procurador y del abogado, existiendo también una vulneración del artículo 24 de la Constitución por impedir el acceso a un órgano jurisdiccional en el sentido señalado por la Sentencia del Tribunal Constitucional 4/1984, de 23 de enero, que indica que el derecho a la tutela judicial efectiva “comprende el de acceso a la tutela judicial, el de conseguir una resolución fundada en Derecho, sea o no favorable a las pretensiones del actor, y el de obtener la ejecución de la Sentencia”.

El acierto de la resolución, que se debe a una cuestión interna de inconstitucionalidad planteado al Pleno del Tribunal Constitucional en el proceso iniciado por el recurso de amparo presentado por Amelia de Lucas Linares, sirve para que los abogados y los procuradores puedan conseguir la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, que buscan proteger y al que deben también poder acceder.



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