Prófugo y candidato


En vísperas de las elecciones europeas la mayoría de los gallegos y españoles seguimos sin entender que Puigdemont tenga cobijo y altavoces en un país de Europa desde donde desacredita a la democracia española que, según “The Economist”, es una democracia plena que está en el puesto 19 entre 165 países evaluados. 

Pero resulta tanto o más incomprensible para los ciudadanas, excepto para el independentismo nacionalista, que prófugos de la Justicia española procesados por delitos contra la integridad del Estado puedan ser candidatos al Parlamento europeo. 

El ex president y dos ex consellers fueron excluidos de la candidatura Lliures per Europa por la Junta Electoral, recurrieron a la justicia, la Fiscalía les amparó y el Tribunal Supremo marcó el camino al juzgado ordinario que dictaminó que “estar en rebeldía y huidos de la justicia no es causa de inelegibilidad”. 

Los profanos en leyes nos fiamos de los expertos que sostienen que la decisión judicial se ajusta a derecho. Nada que objetar, salvo que, en este caso, la ley y el vacío legal, además de originar increíbles discrepancias de criterio entre la Junta Electoral y el Supremo, originan decisiones que la razón no comprende.   

Al margen de sus presuntos delitos, no hay precedentes en el mundo de un político que calumniara tanto a las instituciones y a la democracia de su país que calificó de   autoritario, atrasado y coercitivo. Instalado en la desobediencia, chulea al Estado, ofende a los españoles e interpreta el cumplimiento de la ley como una persecución hacia él y su independentismo. 

Admitamos que esto es libertad de expresión. Pero, ¿cómo va a representar a España un político que no reconoce la Constitución, abanderó un golpe de Estado y no responde ante la Justicia del delito de rebelión? ¿Cómo va a defender los intereses del Estado quien lo desprecia y tiene la desfachatez de recurrir, cuando le conviene, a la Justicia de la que huye y denigra a diario? Que los legisladores y la Judicatura nos den las respuestas. 

Después del vergonzoso episodio de la euroorden y la sentencia de aquel tribunal alemán, lo que ocurre ahora es otra demostración humillante de que leyes tan garantistas envalentonan al independentismo y a Puigdemont, presunto delincuente, que volverá a desafiar al Estado si es elegido. Además, el vacío legal en España para estos casos está enviando a Europa y al mundo la imagen de un Estado adolescente y acobardado ante los que quieren destruirlo. 

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