Objetivo: reducir la desigualdad


Ha costado unos cuantos años, pero al final todo el mundo ha acabado reconociendo, que la desigualdad producida por la crisis económica y por algunas políticas que se siguieron durante la misma, es un problema grave. Es un hecho, las economías crecen, pero la desigual distribución de la riqueza también. 

En España esta desigualdad se ha incrementado un 10,5% desde 2005, de manera que el año pasado ocupamos un triste 25º lugar en el ranking de los 28 miembros de la UE, sólo por delante de Letonia, Lituania y Bulgaria, según datos de Eurostat. En EE.UU. la clase media ha perdido terreno y en China e India el crecimiento económico que ha sacado a muchas personas de la pobreza absoluta, a su vez ha generado una clase emergente de grandes ricos. 

Este es uno de los problemas sociales y económicos más acuciantes a los que se enfrenta el mundo actualmente ya que afecta de forma negativa a las vidas de la gente, ralentiza el crecimiento económico y desestabiliza los sistemas sociales. Varios son los factores que están fomentando esta tendencia, la globalización que se ha llevado por delante gran parte de la industria manufacturera en los países desarrollados y el auge de la robótica, la automatización y la Inteligencia Artificial que suponen una amenaza para el empleo del futuro, y menos oportunidades laborales significan empeoramiento de los niveles de ingresos y más desigualdad económica.

Todo esto está haciendo que en los países desarrollados y en los emergentes, un número cada vez menor de personas con recursos soporten la mayor carga fiscal, mientras que se reduce el número de los que se pueden permitir ahorrar para la jubilación o incluso hacer frente a sus gastos básicos. Todo esto genera desconfianza en la Sociedad y supone, como vemos en nuestro país, el caldo de cultivo ideal para el surgimiento de políticas populistas.

Una vez admitido que la desigualdad ha aumentado, la cuestión es cómo reducirla. La forma clásica de combatirla de los gobiernos socialdemócratas europeos consistía en redistribuir hacia quienes menos tenían a través de transferencias y servicios sociales del Estado de Bienestar. El gasto en pensiones, sanidad, educación, ayudas a las familias, subsidios de desempleo y en otras políticas sociales eran los instrumentos tradicionales para corregir las desigualdades que el mercado generaba. Pero estas políticas por si solas no siempre son eficaces y en todo caso necesitan de una estructura fiscal equitativa, progresiva y poco politizada, y de un sistema eficiente de recaudación que limite la evasión fiscal y sea transparente en la rendición de cuentas. 

En paralelo es deseable también fomentar el ahorro personal y las inversiones; Mejorar el uso y eficiencia de los sistemas de seguridad social; Potenciar la educación para reducir el abandono escolar y facilitar la entrada de los jóvenes al mercado de trabajo; Aumentar la estabilidad laboral para que todos pueden disfrutar de un mínimo de posibilidades de vida y desarrollo, y acrecentar la calidad democrática de nuestro sistema, porque cuando funciona bien tiene la virtud de moderar las decisiones políticas dirigiéndolas al bien común, lo que resulta esencial.

Afrontar esta desigualdad debe formar parte de un nuevo pacto social que sirva para mejorar la situación actual del mundo y desde luego un reto inaplazable para el próximo gobierno de nuestro país.

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