Festival de oposiciones


El sector público lleva cinco años incrementando plantillas y, por tanto, nóminas. Cerró 2018 con 300.000 asalariados más que hace cinco años. Y de acuerdo con los datos de la última encuesta de población activa (EPA), las Administraciones autonómicas han sido con mucho las que más aumentaron sus plantillas. Justo es, no obstante, tener presente que sobre ellas recaen servicios esenciales como la sanidad y la educación, castigados como lo fueron de forma notable por los obligados recortes.

A finales de 2011 comenzó con la crisis un ajuste que en un par de años descargó al sector público de unos 400.000 asalariados. Pero en el último quinquenio se han incorporado, como decimos, 300.000, el 83 por ciento de ellos a cargo de las Administraciones autonómicas. Así pues, las tres cuartas partes de aquel severo ajuste han quedado ya amortizadas. Al decir de los sindicatos, ahora sólo se estaría compensando parte del empleo perdido.

El repunte general se inició en 2013 y fue especialmente intenso el año pasado, cuando entre todas las Administraciones sumaron 136.000 nuevos asalariados; a una media, pues, de 11.300 mensuales. Así y tras la escalada habida, nuestro país tiene ahora 3,2 millones de empleados públicos. La cifra ya se aproxima a la que había justo antes de que estallara la crisis. El máximo se registró a finales de 2011, cuando llegó a haber 3,3 millones de trabajadores a sueldo de la Administración general, de sus organismos, entes y empresas públicas.

El problema es que el repunte continúa a las puertas mismas de la desaceleración que se anuncia. Sin ir más lejos, el Gobierno central aprobó el viernes una megaoferta de empleo público, la mayor en once años: casi 34.000 plazas; muy cerca del hito de 2008, con el segundo Zapatero.

Y sin ir tampoco muy lejos, aunque sin horizonte electoral inmediato, la Xunta acaba de darel visto bueno a una oferta de empleo público para la Administración general de 2.600 plazas, que habrá que sumar a las 5.800 que se repartirán sanidad, educación y servicios sociales. Festival de oposiciones. Y supongo que en otros territorios sucederá más de lo mismo.

Pedro Sánchez lo ha hecho a un mes del 28-A, en el marco de los llamados viernes sociales, o mejor electorales, en una estrategia calculada de dejar para las vísperas una serie de medidas de impacto ciudadano y mediático. Nueve meses de gobierno con más ruido que nueces y un final de etapa arrollador con la vista puesta en las urnas. En “sus” urnas.

Según diversos cálculos, cada viernes social añade una media de 1.200 millones de euros al déficit público, que ya es el segundo mayor de la eurozona. Y si se tiene en cuenta que van a ser diez las jornadas así concebidas, resulta fácil concluir que la falta de control presupuestario va a ampliar en 12.000 millones el descuadre entre ingresos y gastos. ¿Cómo se va a financiar todo ello? ¿A base de más impuestos? ¿Confiando en una mejora de las condiciones económicas que no es previsible?

Sánchez estaría llevando así la campaña electoral más cara de la historia de España, con el problema añadido que su alto coste no corre a cargo de las cuentas del partido, sino que es sufragado con el dinero de todos.

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