El Gobierno aprueba la Oferta de Empleo Público 2019 con casi 34.000 plazas

El Ejecutivo anuncia que el déficit público se reduce y se sitúa en el 2,63% del PIB, lo que permitirá a España abandonar el Procedimiento de Déficit Excesivo de la Unión Europea. Además, las comunidades autónomas y las entidades locales podrán reinvertir el superávit de 2018. Por otro lado, el Gobierno aprueba las directrices de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico.

El Consejo de Gobierno ha aprobado una Oferta de Empleo Público para el año 2019 de 33.793 plazas. En ellas están incluidas las 383 ya aprobadas el pasado mes de febrero para la incorporación de personal de nuevo ingreso en los sectores estratégicos ante la retirada del Reino Unido de la Unión Europea.

La ministra de Política Territorial y Función Pública,  Meritxell Batet, ha afirmado que esta oferta responde, por primera vez, “a una auténtica política de planificación en el diseño de la estrategia de recursos humanos en la Administración General del Estado”.

Batet ha explicado que esta nueva metodología se ha realizado a partir de un informe sobre la situación actual de la plantilla de personal funcionario y laboral y de una estimación plurianual de las plazas necesarias en cada ministerio para los próximos tres años, lo que ha permitido “basar las decisiones en las necesidades reales y actuales de recursos humanos que es necesario satisfacer”.

Los datos contenidos en el Registro Central de Personal a fecha 1 de enero de este año sitúan la edad media de los empleados públicos de la AGE en los 52 años, diez años por encima de la media de edad en el conjunto de la población activa. Solo el 10% tiene menos de 40 años.

Meritxell Batet durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Pool Moncloa/JM CuadradoAl problema del envejecimiento progresivo, la ministra ha sumado el de la pérdida de efectivos. Entre 2009 y 2019, las tasas mínimas de reposición ya supusieron la pérdida de 36.512 puestos en la Administración General del Estado, mientras que en 2019 se prevé la jubilación de un 14% del personal, una cifra que superará el 51% en los próximos diez años y que, para algunos grupos, como los auxiliares administrativos, podría alcanzar el 62%.

Batet ha defendido la necesidad “ineludible” de una reposición suficiente de personal a lo largo de los próximos años, para recuperar un nivel de empleo público adecuado. La ministra ha recordado que España se sitúa actualmente por debajo de la media europea de asalariados del sector público respecto a la población de cada país, un 2,7% frente al 3%, según los datos de Eurostat. “Las administraciones públicas españolas no están sobredimensionadas”, ha señalado.

La ministra ha explicado que, además de cuantitativamente, la oferta de empleo para 2019 ha tenido en cuenta las necesidades cualitativas de los servicios públicos y que, por ello, se refuerzan esencialmente los servicios de atención a la ciudadanía y territoriales, como los servicios de empleo, tráfico, Catastro, Seguridad Social y los que prestan las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. “También se priorizan el sector de la I+D+i, la lucha contra los fraudes fiscal y laboral, la administración penitenciaria y las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones”, ha añadido.

España sale del Procedimiento de Déficit Excesivo de la UE

El Consejo de Ministros ha analizado los datos de ejecución presupuestaria de las Administraciones Públicas del año 2018, que reflejan que España ha crecido más de lo que han previsto los organismos independientes y sigue avanzando en la consolidación fiscal.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que el déficit del conjunto de las administraciones se sitúa en el 2,63% del Producto Interior Bruto (PIB) frente al 3,03% del año 2017. En total, el déficit se ha reducido en 4.098 millones de euros. “Los números reflejan que se ha combinado la reducción del déficit sin poner en riesgo el crecimiento económico y sin dejar a nadie a atrás”, ha dicho.

María Jesús Montero durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Pool Moncloa/JM CuadradoMontero ha subrayado que los datos certifican que España abandonará el Procedimiento de Déficit Excesivo en el que estaba inmerso desde el año 2009. A su juicio, cumplir con el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea y bajar del umbral del 3% dota a España de “mayor credibilidad y la sitúa en una mejor posición competitiva”.

La reducción del déficit responde, según ha argumentado la ministra, al incremento de la recaudación tributaria y de los ingresos de la Seguridad Social, y a la buena gestión del gasto y de los intereses de la deuda. En términos de contabilidad nacional, la reducción es consecuencia del aumento de los ingresos en un 6% frente a un aumento del gasto del 4,7%. Además, el déficit primario -descontando los intereses- se reduce un 75,5% al pasar de 6.066 millones a 1.490.

La ministra ha afirmado que el objetivo es rebajar la cifra de déficit proyectada -que está en la horquilla del 2,2%-2,4%- al 2% del PIB.

Ingresos

María Jesús Montero ha resaltado que los datos de recaudación de la Agencia Tributaria mejoran en todas las figuras fiscales. De hecho, los ingresos por IRPF aumentaron una 7,6%, alcanzando los 82.859 millones de euros, y el impuesto de sociedades aportó al Estado 24.838 millones. La recaudación del IVA se incrementó un 10,3% hasta alcanzar los 70.177 millones.

Gasto público

El gasto del conjunto de las administraciones públicas se situó en 2018 en el 41,5%, medio punto más que en 2017, mientras que en la zona euro está en el 47% del PIB. La titular de Hacienda ha apuntado que estos datos demuestran que, en esta materia, España se encuentra por debajo que de lo que se marca en la zona euro.

La ministra ha destacado que la partida de gasto más relevante, que alcanza los 185.093 millones de euros, corresponde a prestaciones sociales: pensiones, prestaciones por desempleo o dependencia.

La Administración central cierra 2018 con un déficit del 1,5% del PIB, lo que supone una reducción de 3.407 millones de euros. Las Comunidades Autónomas cierran con un déficit del 0,23%, cumpliendo con el objetivo de situarse por debajo del 0,4%. La ministra ha resaltado que “cinco regiones han experimentado ya en 2018 superávit presupuestario”.

Las corporaciones locales cerraron ejercicio con un superávit del 0,52%, son las entidades más saneadas y podrán reinvertir ese superávit en inversiones sostenibles.

Por su parte, la Seguridad Social terminó 2018 con un déficit de 1,41% del PIB. Ello supone una reducción respecto al 1,44% registrado el año anterior.

Inversiones financieramente sostenibles

María Jesús Montero ha informado de que el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que permitirá a municipios y comunidades autónomas destinar el superávit presupuestario de 2018 a inversiones financieramente sostenibles para el ejercicio 2019. Podrán invertir en servicios públicos básicos, en materia de seguridad, protección civil, asistencia social primaria, sanidad, educación y equipamientos culturales, entre otros.

Mejora de los derechos de los trabajadores de la estiba

Isabel Celaá

Pool Moncloa/JM CuadradoEl Gobierno ha fortalecido el marco legal aplicable a la actividad de la estiba para facilitar la transformación del sector al tiempo que se garantizan los derechos de los trabajadores y la estabilidad en el empleo.

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha explicado que la norma tiene en cuenta la experiencia acumulada en los dos años de aplicación del Real Decreto-ley 8/2017, que modificó el régimen de funcionamiento de la estiba, estableciendo la libertad de contratación para la prestación de este servicio. La norma aprobada hoy, ha dicho, completa ese régimen legal y asegura la transición ordenada al nuevo marco de competencia.

Celaá ha detallado que la norma habilita para que, a través del convenio colectivo, se pueda acordar la subrogación obligatoria de los trabajadores para las empresas que decidan salir de las sociedades de estiba. Asimismo, recoge una modificación legal para que las Empresas de Trabajo Temporal puedan ofertar sus servicios en los centros portuarios y se permite el uso del contrato de aprendizaje, lo que facilitará la entrada de los alumnos que cursan el Certificado de Profesionalidad que da acceso a la profesión.

Además, el Ejecutivo también ha acordado la tramitación urgente del proyecto de Real Decreto por el que se establecen las normas para la concesión de ayudas especiales para la adaptación del sector de la estiba portuaria. La finalidad primordial es facilitar las salidas voluntarias de los trabajadores de mayor edad.

Directrices generales de la Estrategia Nacional frente al reto demográfico

El Consejo de Ministros ha acordado las directrices generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, que incluye un diagnóstico demográfico y territorial y plantea líneas transversales de actuación para luchar contra el envejecimiento y la despoblación y para lograr un mayor equilibrio entre el mundo rural y urbano.

La ministra de Política Territorial y Función Pública,  Meritxell Batet, ha dicho que los datos “permiten entender bien de qué estamos hablando”.  El 80% de los municipios españoles está perdiendo población, mientras que el 48,4% está en “riesgo de despoblación” al estar por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Por otro lado, España disfruta de la esperanza de vida más alta de la Unión Europea, 83,4 años, al tiempo que posee la segunda tasa más baja en fecundidad, 1,31 hijos por mujer frente a la media europea de 1,6.

Junto con la pérdida de población y el envejecimiento, otra tendencia es la progresiva masculinización del territorio. “En el 75% de los municipios hay más hombres que mujeres”, ha detallado la ministra. Por último, respecto a la población flotante y el impacto que supone su llegada estacional, por razones turísticas o de empleo, seis comunidades -Canarias, Cataluña, Baleares, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid- han acumulado el 86% de las pernoctaciones durante 2018.

Las directrices plantean siete ejes transversales con medidas como la mejora de la conectividad y la banda ancha, o la incorporación de la valoración del impacto demográfico, “como ya pasa con el impacto ambiental o de género”, en la normativa de nueva redacción y en las licitaciones públicas de las administraciones,

No obstante, la ministra ha reconocido que “no existen recetas únicas ni universales” para hacer frente a una situación tan compleja, y que todas las propuestas deberán estar adaptadas a la situación social y económica de cada lugar para aprovechar sus potencialidades.,

En este sentido, Batet, que ha definido la estrategia como “un auténtico acuerdo de país”, ha subrayado la importancia de la cooperación entre los gobiernos de España, de las comunidades autónomas y de las entidades locales “para dar coherencia a las diferentes iniciativas públicas, evitar discordancias y efectos de competencia negativa entre territorios”. La ministra ha destacado que esta colaboración ya se ha producido en la elaboración del documento, hecho que ha agradecido expresamente. 

Digitalización del medio rural

Montero, Celaá y Batet

Pool Moncloa/JM CuadradoEl Consejo de Ministros ha examinado la Estrategia de digitalización del sector agroalimentario y forestal y del medio rural, en la que se definen las líneas, las medidas y los instrumentos para apoyar la transformación digital de estos ámbitos y contribuir así al poblamiento activo y estable de la España rural.

Isabel Celaá ha explicado que, de esta manera, se ponen a disposición del mundo rural estrategias “que permitan conectarlo y contribuir así a fijar población y combatir el despoblamiento”.

Los tres grandes objetivos del documento son reducir la brecha digital (tanto la urbana-rural como la existente entre pequeñas y grandes empresas), fomentar el uso de datos como motor de impulso sectorial y promover el desarrollo empresarial y de nuevos modelos de negocio.

La Estrategia tiene un enfoque integrador con otras políticas públicas nacionales y europeas, como la Política Agraria Común post 2020 de modernización o el Programa de Extensión de Banda Ancha de Nueva Generación, y contribuye a la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico.

91 millones para compensación de costes de emisiones

El Consejo de Ministros ha autorizado la convocatoria de las subvenciones dispuestas en el Real Decreto 1055/2014, por el que se crea un mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero de 2018.

La cuantía máxima de las ayudas será de 91 millones de euros, imputables a los costes de emisiones indirectas incurridos en 2018.

La portavoz del Gobierno ha señalado que esta medida responde a la demanda de la industria electrointensiva y “favorece la capacidad de competitividad de estas empresas en mercados internacionales”.


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