Legislar fastidiando al arrendador de la vivienda perjudica al arrendatario

El Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, ha vuelto a modificar el régimen jurídico de los arrendamientos de vivienda, introduciendo reglas similares a las que se establecieron con el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que fue derogado. La nueva norma introduce la reforma de la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda, a través de distintas modificaciones de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos entre las que destaca la extensión de los plazos de la prórroga obligatoria y la prórroga tácita de los contratos de arrendamiento de vivienda, recuperándose los plazos establecidos con anterioridad a la reforma operada por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas y fijando en cinco años el periodo de prórroga obligatoria, salvo en caso de que el arrendador sea persona jurídica, supuesto en que se fija un plazo de siete años, respondiendo así a las diferencias que tanto desde el punto de vista del tratamiento fiscal, como de la realidad y características de la relación arrendaticia y del desarrollo de la actividad, pueden existir en la práctica. Además se determinan modificaciones que inciden en el momento de la suscripción de los contratos de arrendamiento, fijándose en dos mensualidades de renta la cuantía máxima de las garantías adicionales a la fianza que pueden exigirse al arrendatario, ya sea a través de depósito o de aval bancario, y salvo que se trate de contratos de larga duración y estableciendo que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato serán a cargo del arrendador, cuando este sea persona jurídica.

Ciertamente, es una mala idea volver a modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos mediante un decreto-ley que podría no ser convalidado y que genera más inseguridad jurídica por la pluralidad de regímenes jurídicos que coexisten y cuya determinación aplicativa depende del momento de celebración del contrato. También es una mala idea establecer una regulación que busca, más que favorecer el arrendatario, perjudicar al arrendador, pues ello ocasiona que se pueda disuadir a los propietarios de bienes inmuebles vacíos, que podrían preferir no alquilar ante la inexistencia de garantías suficiente que ayuden a favorecer la satisfacción de su interés.

Si se quiere mejorar el mercado arrendaticio de modo que los ciudadanos puedan acceder a viviendas en alquiler, hay que obrar efectivamente para incrementar la oferta y para disminuir la carga fiscal por la tributación de los ingresos obtenidos por la renta en el arrendamiento de vivienda, de modo que sea más rentable el alquiler de vivienda que el alquiler turístico.

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