La Manada y la prevención general en las normas penales

Todos conocen el caso de la Manada. Un conjunto de sujetos que parecen estar ubicados en un plano más próximo al de los animales que al de las personas y que cometieron un atentado contra la libertad sexual de una joven por el que fueron condenados con una pena de prisión de nueve años para cada uno mediante una sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra. La resolución, que calificó los hechos indicando que son constitutivos de un delito de abuso sexual, fue recurrida y ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Hace varios días, dos jóvenes fueron agredidas en Sanxenxo por un individuo que llegó a decir que “si a los de la Manada no les pasó nada, a mí por pegaros unas hostias a vosotras, menos”. Esa afirmación revela la gran relevancia que tiene la eficacia de la normativa penal para lograr el respeto al orden social.

El artículo 25.2 de la Constitución establece que “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados”. Ese precepto, según la Sentencia del Tribunal Constitucional 161/1997, de 2 de octubre, “se limita a dar un mandato vinculante para el legislador penitenciario (y también para la Administración penitenciaria y su jurisdicción de control) de que las penas privativas de libertad se orienten a la reeducación y reinserción social”.

Hay que decir que la Sentencia del Tribunal Constitucional 55/1996, de 28 de marzo, indica que “a diferencia de lo que sucede respecto de los órganos que tienen encomendada la tarea de interpretar y aplicar las leyes, el legislador, al establecer las penas, carece, obviamente, de la guía de una tabla precisa que relacione unívocamente medios y objetivos, y ha de atender no sólo al fin esencial y directo de protección al que responde la norma, sino también a otros fines legítimos que puede perseguir con la pena y a las diversas formas en que la misma opera y que podrían catalogarse como sus funciones o fines inmediatos: a las diversas formas en que la conminación abstracta de la pena y su aplicación influyen en el comportamiento de los destinatarios de la norma -intimidación, eliminación de la venganza privada, consolidación de las convicciones éticas generales, refuerzo del sentimiento de fidelidad al ordenamiento, resocialización, etc.- y que se clasifican doctrinalmente bajo las denominaciones de prevención general y de prevención especial”, que “dependen a su vez de factores tales como la gravedad del comportamiento que se pretende disuadir, las posibilidades fácticas de su detección y sanción, y las percepciones sociales relativas a la adecuación entre delito y pena”. La Sentencia del Tribunal Constitucional 160/2012, de 20 de septiembre, permite añadir al análisis algunos datos relevantes al afirmar que “la finalidad de prevención general, tanto en su vertiente de disuasión de potenciales delincuentes mediante la amenaza de pena, como de reafirmación de la confianza de los ciudadanos en el respeto de las normas penales, constituye igualmente un mecanismo irrenunciable para el cometido de protección de bienes jurídicos”.

Resulta indispensable que se pueda garantizar la plena eficacia de la normativa penal. Si ello no fuera posible, muchos sujetos, tentados por la posibilidad de delinquir impunemente, podrían llegar a desarrollar actos delictivos considerando que hay una alta probabilidad de atentar de un modo grave contra los derechos de otras personas sin consecuencias negativas.

En la actualidad, la función de intimidación o de persuasión de las leyes penales sigue existiendo, aunque ese dato incomode a muchas personas que piensan que el único objetivo de las normas penales debe ser la reeducación social, que, por cierto, no siempre es posible.

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