Feijóo: «La Ley de administración digital permitirá acceder a los servicios públicos»

El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, destacó en la rueda de prensa del Consejo, la aprobación del Proyecto de Ley de administración digital de Galicia, que permitirá consolidar una administración íntegramente digital y universalizar el uso y acceso de la ciudadanía a los servicios públicos digitales.

Después de precisar que el nuevo texto inicia su trámite parlamentario tras el período de exposición pública, y tras ser aprobada en la mesa de personal de la Xunta con el voto unánime de todas las organizaciones sindicales, Feijóo aseguró que esta ley permitirá conseguir un marco normativo único, basándose en tres principios: solo una vez, es decir, evitará reclamar datos que ya tiene la Administración; proactividad, esto es, se empleará la información que la Administración tiene para prestar servicios personalizados y adelantarse a las necesidades del ciudadano; y automatización de los procesos para conseguir una gestión más eficiente.

Como otra de las principales novedades, el presidente de la Xunta subrayó que las oficinas de registro y atención a la ciudadanía se transformarán en espacios de asesoramiento y apoyo, ayudando a los ciudadanos en las gestiones online con la Administración, tanto en la presentación de escritos, solicitudes y documentación, como en la tramitación de la identificación digital o en la formalización de apoderamientos de representación.

Asimismo, se creará la figura del funcionario habilitado, que permitirá que una persona autorizada o un funcionario pueda realizar trámites telemáticos en nombre de otra persona. Para hacer esto posible, la nueva norma prevé la creación de un Registro electrónico general de apoderamientos. Y también de la persona autorizada, un tercero que cuenta con la autorización de una persona para tener relaciones con la administración pública en su nombre.

En relación a la sede electrónica única, hace falta resaltar que la ley la consolida como punto de acceso único, sencillo y accesible en la red para cualquier recurso o servicio de la Administración, dando gran relevancia a la carpeta del ciudadano. No en vano, en la nueva sede ya se configura como el espacio privado entre ciudadanos y empresas, en el que pueden gestionar online toda la información referente a sus trámites administrativos; y, en esta carpeta estará toda la información de carácter personal y administrativo disponible en la administración pública.

“Aspiramos de este modo a que esa proactividad se traslade en un futuro a conseguir que la Administración ofrezca información que puede ser de interés para el ciudadano basándose en los datos que obran en su poder”, explicó el presidente de la Xunta, con el objetivo de invertir el hábito de que sea el ciudadano el que llame a la puerta de la Administración.

Con respecto a la capacitación digital, Feijóo aseguró que la futura ley definirá, por vez primera, la creación de un marco gallego de competencias digitales. “Los ciudadanos podrán acreditar sus conocimientos en este ámbito y mejorar sus competencias al igual que hacemos, por ejemplo, para certificar el gallego con el modelo Celga”, dijo.

En esta línea, resaltó que el documento contemplará la definición de un Plan de capacitación digital del empleado público, que permitirá conseguir el certificado gallego de competencias digitales.

También con respevto a los empleados públicos, esta norma sentará las bases para el desarrollo del puesto de trabajo digital del empleado público y contará con los medios para lo desempeño en el nuevo contexto digital, acceso remoto o teletrabajo y movilidad.

Además, regulará el funcionamiento digital interno: el Archivo Electrónico Administrativo será el elemento que albergará los expedientes del sector público autonómico en tramitación y los finalizados; y la plataforma de interoperabilidad PasaXe! será el nodo de intercambio de datos y documentos entre administraciones públicas.

“Estamos hablando de una medida que facilitará el intercambio de información entre administraciones y que evitará al ciudadano o a la empresa presentar documentos por duplicado dependiendo de se trata con una administración u otra”, abundó, recordando que la plataforma de interoperabilidad Pasaxe! evitó en 2018 la presentación de 6,4 millones de documentos.

Con el objetivo de facilitar esta comunicación, Feijóo avanzó también la creación de un Mapa de interoperabilidad de las administraciones públicas gallegas, que permitirá evaluar la documentación más demandada y priorizar la incorporación de nuevos servicios a Pasaxe!. Así, la Ley supondrá la configuración digital de procedimientos administrativos y servicios para que tengan un funcionamiento plenamente digital.

En relación a la infraestructura digital, el responsable del Gobierno gallego subrayó que el Centro de Procesado de Datos y la red corporativa de la Xunta constituyen la infraestructura digital básica necesaria para dar soporte a la administración digital. Así, la ley establecerá que la Xunta dispondrá de un Plan de continuidad de los servicios digitales, que determinará los requisitos de seguridad, calidad y continuidad, las acciones preventivas, correctivas y reactivas.

El nuevo documento prevé además el fomento de la innovación digital para impulsar nuevas formas de prestar servicios e incrementar la satisfacción de los usuarios. Para eso, se creará un foro de innovación digital en el que podrán participar empleados de la Administración.

Por último, y para el seguimiento de los avances, la norma contemplará la creación de un sistema de indicadores de la administración digital así como la potenciación del Observatorio de la Sociedad de la Información y la Modernización Tecnológica de Galicia.

Feijóo concluyó recordando que este proyecto de ley se enmarca en el Plan de Administración y Gobierno Digitales 2020, puesto en marcha en 2015, con una inversión de 27,7 millones de euros en cinco años.

Una vez completado, permitirá -además de una Administración accesible para los ciudadanos 24 horas, 365 días al año-, un ahorro superior a los 41 millones de euros al año.

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