Jugando con el BOE

Supone todo un contrasentido el que un decreto ley, reservado por la Constitución (artículo 86) para casos de “extrema y urgente necesidad” tarde seis días en ser llevado al Boletín Oficial del Estado y siete en entrar en vigor.

Es lo sucedido con el que tiene por número 6/219, de 1 de marzo, “de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y ocupación”. Largo título y más larga extensión: nada más y nada menos que 26 páginas del diario oficial. Publicado en el BOE del jueves, ha entrado en vigor –oh casualidad- en el Día internacional de la Mujer.

Otros cinco decretos leyes han salido en lo que va de año de la factoría monclovita. Todos ellos fueron publicados al día siguiente de su aprobación por el Gobierno. Y lo mismo cabría decir de los  veinticinco que vieron la luz a lo largo de 2018 desde que Pedro Sánchez accedió a la presidencia ¿Por qué ahora, no?

Ha sido un retraso deliberado; la pretendida gran aportación del Gobierno a la  jornada de la izquierda feminista del 8-M. Vista la demora, hay que dudar, pues, de la extrema y urgente necesidad de la norma en cuestión. Y es una pena, porque hay en ella justificadas coberturas de lagunas al respecto. Pero el tufo de provecho electoral que conlleva le quita buenas dosis de credibilidad.

Además, el goteo semanal de iniciativas similares que se está produciendo –el viernes, otra- corrobora su carácter de maniobra propagandística.  Es lo que se llama la lluvia fina que empapa poco a poco.

Con las Cortes Generales disueltas, los decretos leyes que vayan llegando  habrán de ser convalidados por el Congreso a través de la Comisión Permanente, órgano de guardia que asegura el mínimo indispensable para la continuidad del sistema y atender situaciones de urgencia.

¿Puede hacerlo? A la luz de la propia Constitución y del reglamento de la Cámara, sí. En realidad, en alguna ocasión se ha hecho incluso después de celebradas  las elecciones, aunque antes de haberse constituido la nueva Cámara. Otra cosa es que pueda tramitarlos como proyecto de ley, esto es, con posibilidad de ser sometidos a enmiendas.

El quid, sin embargo, del problema hay que situarlo más atrás: en la constitucionalidad de los propios decretos,  que, salvo alguna excepción como el del bréxit, no responden a la urgencia debida. Todos los Gobiernos han recurrido a esta vía legislativa de excepción, pero nadie con el descaro e intensidad con que lo está haciendo Pedro Sánchez. No se entiende cómo los partidos de la oposición no han presentado recurso de inconstitucionalidad, aunque sólo para que el alto tribunal hubiese sentado doctrina al respecto.

En realidad, el Gobierno la está utilizando deliberadamente para saltarse la vía parlamentaria ordinaria, habida cuenta de que no tiene votos –caso de la reforma laboral- ni controla las Mesas de las Cámaras. Pero, en fin, a estas alturas bien se sabe que ningún presidente ha desconocido y despreciado tanto como Sánchez las reglas y principios de nuestra democracia.

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