La centralidad de la ciudadanía

Uno de los conceptos que últimamente está despertando interesantes aproximaciones científicas es el de ciudadanía. Ya sea desde el punto de vista de la filosofía política, de la sociología o desde el derecho, está irrumpiendo con inusitada fuerza todo un conjunto de investigaciones multidisciplinares que buscan colocar en el primer plano de la hermeneútica democrática precisamente las iniciativas sociales de la ciudadanía como elemento central del sistema de justicia y libertades.

Parece que cada vez es más perceptible, como señala Llano, la realidad de un tejido social de carácter prepolítico y preeconómico, que se mueve en ese ámbito que -en su amplia acepción actual- podemos denominar cultura, es decir, activo cultivo de las capacidades personales y comunitarias para configurar un modo de vida que acaba por tener decisivas repercusiones políticas y económicas. En efecto, es crucial que emergan experiencias producto de la alianza entre el libre ejercicio de la participación ciudadana y la responsabilidad personal que apuntalen espacios de afirmación y defensa de la libertad solidaria de los ciudadanos.

Los poderes públicos y, sobre todo, el llamado Estado del Bienestar en su versión estática, han fracasado en su intento de definir unilateralmente las necesidades colectivas. Por una cuestión muy sencilla. Porque el estatismo y la burocratización que ha traído el Estado del Bienestar estático, no el dinámico, se ha olvidado de lo más importante: de pensar en la gente, en las personas concretas. Se ha aumentado el gasto público a través de programas especiales y del aumento de los funcionarios y el resultado ha sido que sigue mandando la burocracia con toda su red de poderes y, sin embargo, descendió notablemente el nivel de calidad de los servicios.

Y lo que es más importante, bajó el grado de satisfacción de los ciudadanos por la prestación de dichos servicios. Como señalara Morin no hace mucho escribiendo sobre los servicios sociales, el aumento del gasto público en este área no ha traído consigo un mejor servicio a los excluidos, desfavorecidos o necesitados. Para pensar.

 

Jaime Rodríguez-Arana es Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Santiago

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