Aborto: un drama irrelevante

 

    A fuerza de silencios largos y múltiples,  el aborto voluntario ha pasado a ser en nuestro país una realidad por desgracia irrelevante. Y eso, a pesar de que cada año se practican  casi cien mil interrupciones: 94.123 en 2017, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad. El 89, 75 por ciento de ellas (84.000 casos en números redondos)  resultaron debidas a lo que podríamos llamar “el sí porque sí”; esto es, que fueron realizadas a petición de la mujer y sin que mediaran riesgos para la vida o salud de la embarazada o anomalías fetales.

La cifras relativas por cada mil mujeres y absolutas están prácticamente estancadas desde 2014. Las edades críticas se sitúan entre los 24-24 años (17,42 por mil mujeres) y los 25-29 años (15,74 por mil). Baleares, Madrid, Cataluña y Asturias son las comunidades donde proporcionalmente más abortos voluntarios se producen, mientras que Galicia, Castilla y León, Rioja y Extremadura  cerrarían la estadística.

Tan asumida socialmente parece esta dramática realidad del aborto que ha bastado la pretensión de  Pablo Casado de volver a la más restrictiva legislación de 1985 (supuestos en vez de plazos), para que se haya levantado una  polvareda política que puede afectar a la campaña electoral en ciernes.

Según una encuesta de hace poco,  algo más del 66 por ciento de los consultados en el conjunto de España se han manifestado contrarios al eventual cambio y sólo un 16 por ciento respaldaron el propósito del líder del Partido Popular. Un rechazo que podríamos calificar de trasversal, pues procede también de electores del propio PP.

Cierto es que al menos un tercio de los eventuales votantes populares no se pronunciaban al respecto y se remitían al fallo que algún día, si es que llega,  ha de emitir el Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado en su momento por el PP a la llamada ley Aído, vigente desde 2010. La ponencia está redactada desde hace tiempo, pero  por razones que no se alcanzan duerme el sueño de los injustos en algún cajón del alto tribunal.

No obstante, remitirse al TC como tabla de salvación supone otorgar de entrada a sus sentencias mayor alcance del   que en realidad puedan tener. Y es que aun suponiendo que no declarara anticonstitucional la norma recurrida, ello no querría decir más que eso; que, a su juicio,  encaja en la Constitución, pero no la convertiría en la única posible. En consecuencia, el PP o quien lo estimare oportuno podría muy bien someter a debate parlamentario un texto nuevo sin esperar al veredicto de los ilustres y tardíos magistrados.  Sería cuestión de voluntad política.

Por otra parte, no deja de ser reseñable que en plena crisis demográfica nuestro país financie en mayor medida el aborto voluntario que las ayudas a mujeres embarazadas: 34 millones, por 3,6 millones, respectivamente.  Son datos de 2017. Según el Mapa de la Maternidad elaborado por la Fundación Red Madre, la ayuda media por embarazada no llegaría a los 8 euros anuales, mientras que, por ejemplo, en Alemania está en los 735 euros.

Con sus 88,49 euros como ayuda media Galicia destaca sobremanera en el mapa estatal, al igual que en las aportaciones a cada niño que aquí nace.  A eso se llama predicar con el ejemplo y contra corriente.

 

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