El derecho a la protesta

Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, indicó, durante la primera sesión del juicio oral del proceso penal que se está desarrollando contra los secesionistas, que “esta causa atenta al derecho a protestar” de los independentistas catalanes y que “criminaliza artículos de prensa, webs, poner el papel en una urna, expresiones, gritos, cánticos y conciertos”. Además, Jordi Sánchez, durante su declaración, también habló del derecho a protestar para justificar sus actividades para promover la independencia de Cataluña.

El derecho a protestar existe en la Constitución y se podría encuadrar en dos preceptos de la norma fundamental. Por un lado, el artículo 20.1 de la Constitución establece que se reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Por otro lado, el artículo 21.1 de la misma norma señala que se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, que no requerirá autorización previa, siendo cierto que en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

El problema para los argumentos de Andreu Van den Eynde es que ambos derechos tienen límites. La libertad de expresión tiene su límite en el respeto a los derechos fundamentales, en los preceptos de las leyes que los desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia, debiendo destacarse que el derecho de reunión o manifestación, regulada en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, tiene límites que justifican que la autoridad gubernativa pueda suspender o disolver las reuniones y manifestaciones si se consideraran ilícitas de conformidad con las Leyes penales, si se produjeran alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes, si se hiciere uso de uniformes paramilitares por los asistentes o si fueran organizadas por miembros de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil infringiendo las limitaciones impuestas en la normativa aplicable.

Los límites deben aplicarse cuidadosamente y siguiendo la Sentencia del Tribunal Constitucional 177/2015, de 22 de julio, que indica que “El enjuiciamiento que debe desarrollar el juzgador penal en relación con este tipo de delitos debe tener también muy presente el criterio de la proporcionalidad, que tiene especial aplicación cuando se trata de proteger derechos fundamentales frente a limitaciones o constricciones, procedan estas de normas o de resoluciones singulares”, siendo cierto que, “Conforme a este principio, debe negarse legitimidad constitucional a las limitaciones o sanciones que incidan en el ejercicio de los derechos fundamentales de forma poco comprensible de acuerdo con una ponderación razonada y proporcionada de los mismos y exigir que toda acción penalmente deslegitimadora del ejercicio de un derecho fundamental, adoptada en protección de otro derecho fundamental que se enfrente a él, sea equilibradora de ambos derechos y proporcionada con el contenido y finalidad de cada uno de ellos (STC 85/1992, de 8 de junio, FJ 4)”. Sin embargo, es difícil defender, observando los hechos, que los independentistas catalanes se han dedicado a realizar afirmaciones y reuniones de un modo pacífico, ya que, ciertamente, se han dedicado a vulnerar derechos fundamentales de aquellos que se han opuesto a sus pretensiones secesionistas en Cataluña.

Hay que protestar siempre que se considere necesario, pero respetando los derechos de los demás y evitando ocasionar perjuicios sociales que desvirtúen el ejercicio de las libertades de expresión y de manifestación.

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