Jueces y secesionistas con la mente en Estrasburgo


El artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos establece que “
Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por la Ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella”, debiendo destacarse que también indica que toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada y que todo acusado tiene, como mínimo, los derechos a ser informado, en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y detalladamente, de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él, a disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa, a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si no tiene medios para pagarlo, poder ser asistido gratuitamente por un Abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia lo exijan, a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren contra él y a obtener la citación y el interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su contra y a ser asistido gratuitamente de un intérprete, si no comprende o no habla la lengua empleada en la Audiencia. Los magistrados del Tribunal Supremo que van a encargarse de enjuiciar los hechos relativos a los actos de declaración de independencia de Cataluña y los secesionistas acusados van a estar muy pendientes de ese precepto y de lo que sobre el mismo ha afirmado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Como indica Julio Banacloche en su artículo “Una interpretación pendiente”, publicado en el diario El Mundo el pasado día 10 de febrero, las defensas de los secesionistas “creen que no tienen opción de triunfar en sus postulados ante los tribunales españoles (incluido el Tribunal Constitucional), y depositan toda su confianza en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que no llegarán hasta dentro de tres o cuatro años”, debiéndose a ese planteamiento “el cúmulo de peticiones e incidentes que han ido planteando durante estos pasados meses (recusaciones por ausencia de imparcialidad de los Magistrados, alegación de falta de competencia del Tribunal que les juzga) y las que quedan por venir; todas ellas hay, pues, que interpretarlas como una manera de preconstituir prueba para una futura demanda ante el citado Tribunal Europeo por vulneración del derecho a un proceso debido (es decir, con todas las garantías)”. Además, se señala en el texto que el tribunal deberá “actuar con suma contención y mano izquierda, evitando caer en las previsibles provocaciones o situaciones incómodas que puedan llegar a producirse durante las vistas”.

La presión política, jurídica y mediática existente sobre los jueces en el caso de los secesionistas va a provocar que el juicio sea uno de los más estrictos en lo que se refiere al respeto por las garantías de los acusados. Ese dato es positivo, pues, de ese modo, se podrá asegurar que el proceso resulte jurídicamente adecuado y se evitará el ridículo internacional, aunque es cierto que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando analice la demanda que, en caso de ser condenados, puedan plantear los secesionistas, podría condenar a España por cualquier aspecto irrelevante, pues los jueces de ese tribunal actúan de un modo tendente a la protección excesiva de los derechos del demandante, como ocurrió en el Caso Trabajo Rueda, en el que se condenó a España estimando una demanda presentada por una persona sancionada penalmente por delitos de pornografía infantil a partir de unos archivos que un informático encontró reparando el ordenador del condenado.


Habrá que esperar para comprobar lo que sucede con el juicio a los secesionistas, aunque no es posible dudar sobre la relevancia que el mismo tiene para el presente y el futuro de España, que, lamentablemente, depende de siete jueces que estarán solos por la pasividad de dirigentes políticos que deberían haber evitado que los independentistas catalanes llegaran a atentar gravemente contra las instituciones del Estado.

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar