Mareos con la fiscalidad de las transmisiones patrimoniales onerosas y de los actos jurídicos documentados

En los últimos meses se han producido distintas modificaciones que han afectado, de manera curiosa, a los tributos regulados en el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

La primera modificación se produjo por la derogación de un precepto del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, cuyo artículo 68 indicaba que “Cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario”, pero fue declarado nulo por la Sentencia del Tribunal Supremo 1505/2018, de 16 de octubre, declaró la nulidad de la regla recogida sobre el sujeto pasivo en el préstamo hipotecario para el impuesto en el precepto mencionado y señaló que “el sujeto pasivo en el impuesto sobre actos jurídicos documentos cuando el documento sujeto es una escritura pública de préstamo con garantía hipotecaria es el acreedor hipotecario, no el prestatario”.

Posteriormente, la Sentencia del Tribunal Supremo 1670/2018, de 27 de noviembre, que fue dictada tras la atribución del asunto al Pleno por parte de Luis María Díez-Picazo en el ejercicio de facultades propias de la Presidencia de la Sala Tercera, afirmó, con duras críticas contra la Sentencia 1505/2018, que no “resulta acertado el razonamiento de las sentencias de la Sección en relación con el último inciso del artículo 29 del Texto Refundido, referido al interés en la expedición del documento, pues, con independencia de que sólo opera este criterio de determinación del sujeto pasivo en defecto del criterio principal, es decir, de identificación del adquirente del bien o derecho, para lo que, como ya se ha dicho, no existe ninguna dificultad, no es cierto que sólo interese al acreedor hipotecario la inscripción de la hipoteca y, por ende, la expedición del documento inscribible, pues no parece haber duda alguna en que la obtención por el prestatario de la cantidad objeto del préstamo está vinculada, y condicionada, a la simultánea constitución de la garantía sobre un bien inmueble de su propiedad, manifestación, como ya se ha dicho, de capacidad económica”.

Por lo ocurrido con el sujeto pasivo en la tributación de los préstamo hipotecarios, se aprobó el Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, con la teórica intención de abordar la inseguridad jurídica generada por las Sentencias del Tribunal Supremo 1505/2018 y 1670/2018, que afecta al mercado hipotecario en su conjunto, estableció que, en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para los préstamos hipotecarios, será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan y que, cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista.

La última modificación se produjo con el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que introdujo una exención para determinados arrendamientos de vivienda en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. El problema es que, por la falta de convalidación de la norma en las condiciones marcadas en el artículo 86 de la Constitución, el Real Decreto-ley 21/2018 quedo derogado, de modo que desapareció la exención de los impuestos para los arrendatarios.

Hay que tener presente que los impuestos por transmisiones onerosas y por actos jurídicos documentados constituye una muestra de la nefasta planificación normativa en materia fiscal que existe en España, país en el que, lamentablemente, se realiza la programación tributaria para subir los tipos de gravamen de los impuestos cuando se requiere más dinero y bajándolos cuando se acercan procesos electorales, sin tener en cuenta análisis serios y coherentes de los factores económicos directamente vinculados con el sistema fiscal.

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar