El Consejo de Ministros traslada a las Cortes los Presupuestos Generales del Estado

El proyecto de presupuestos incrementa las partidas para pensiones, dependencia, becas y lucha contra la violencia de género. El Ejecutivo estima que la economía española crecerá un 2,2% este año. La tasa de desempleo se reducirá hasta el 14% y se crearán 800.000 puestos de trabajo.

 

​El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que tienen como objetivo la consolidación de los servicios públicos esenciales y la creación de un nuevo modelo de crecimiento económico sostenible que permita la recuperación de la clase media y trabajadora.

La ministra de Educación y Formación Profesional y Portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, ha afirmado que el Gobierno tiene un proyecto político sólido que está reflejado en los presupuestos. En este sentido, ha subrayado que las cuentas públicas quieren blindar el Estado de bienestar y derechos como la dependencia, la sanidad y la educación: «Van a ganar los estudiantes, los becarios, los jóvenes, aquellos que ganan un Salario Mínimo Interprofesional, los funcionarios y la clase media».

Además, la portavoz ha avanzado que aumentarán las partidas para luchar contra la violencia machista y proteger a las mujeres de los maltratadores y asesinos.

Celaá ha añadido que son unos presupuestos que amparan y definen a la vez el diseño territorial que establece la Constitución: «Ni división ni centralismo predemocrático. Apoyo a las comunidades autónomas y reforma del modelo para fortalecerlo, no para debilitarlo».

La portavoz ha concluido que son unos presupuestos sociales que buscan equilibrio, convivencia y unión: «Este país necesita crecer y redistribuir la riqueza y estos presupuestos buscan eso, redistribuir para crecer y crecer para distribuir».

PRESUPUESTO SOCIAL

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en el carácter social del proyecto de presupuestos y ha asegurado que la voluntad del Gobierno es «poner a las personas, a los ciudadanos, en el centro de la actuación política» con medidas concretas «en las que muchas personas van a poder verse reflejadas en su día a día».

El objetivo de estas medidas es el reforzar a las familias y a la clase media «para permitirles que superen el escalón que retrocedieron con motivo de la crisis y puedan disfrutar de un mayor nivel de vida y de un proyecto más acorde con sus expectativas».

El gasto en pensiones sube un 6,2%, y todas ellas aumentarán al menos un 1,6%, alcanzando las mínimas y no contributivas un 3% más. Para los pensionistas más vulnerables se elimina el copago farmacéutico, mientras que las pensiones de viudedad se calcularán ahora con el 60% de la base reguladora, lo que permitirá a medio millón de viudas de más de 65 años incrementar su pensión en torno a un 7%. Y se recupera el subsidio para las 114.000 personas mayores de 52 años desempleadas.

La atención a la dependencia recibirá 2.231 millones, lo que supone un incremento del 59,3%. «Nunca antes el Gobierno de España había destinado tanto esfuerzo para estimular la protección de los más vulnerables y para que este área se convierta en un ámbito de creación de empleo», ha destacado la titular de Hacienda.

Para mejorar la conciliación familiar, se prevé elevar de 5 a 8 semanas el permiso de paternidad. Asimismo, los presupuestos contemplan que los ayuntamientos puedan destinar parte de su superávit a las escuelas infantiles de 0 a 3 años «para promover la universalización de este servicio», tal y como ha explicado la ministra. Las becas en Educación aumentarán un 10,2% y la cobertura para libros de texto se duplica hasta alcanzar los 100 millones.

FISCALIDAD

La titular de Hacienda ha afirmado que el proyecto de presupuestos cumple con los principios de estabilidad presupuestaria de la Unión Europea y se atiene al objetivo de déficit vigente del 1,3%, dado que se ha vetado en el Senado la nueva senda de estabilidad planteada por el Gobierno y aprobada por el Congreso. «El Gobierno proponía un déficit de 1,8%, y no renuncia de ninguna manera a sacar adelante esta senda de estabilidad, pero como España necesita nuevos presupuestos, hemos amoldado las cuentas a los objetivos actuales», ha afirmado.

Montero ha definido los presupuestos como un punto de inflexión en la política económica y presupuestaria española, ya que hacen compatible la consolidación fiscal con el incremento del gasto público y sientan las bases para «un modelo de crecimiento económico más inclusivo, inteligente y sostenible».

La ministra ha defendido que el debate sobre la fiscalidad de un país es «nuclear en su configuración y cohesión». Por ello, las medidas fiscales recogidas en el proyecto de presupuestos permitirán ingresar hasta 227.356 millones de euros, un 9,5% más que en el año anterior.

«Avanzamos hacia un modelo impositivo más justo y redistributivo», que protege a la pequeña y mediana empresa y a las rentas medias y bajas, y progresivo, «para que quienes más riqueza tienen contribuyan más, para que todos avancemos en conjunto», ha afirmado Montero.

Así, el Impuesto de Sociedades sufre un cambio tributario para elevar la aportación de las grandes empresas, que son aquellas que facturan por encima de los 20 millones de euros. La previsión del Gobierno es que así aumente su recaudación en un 14,1%, hasta los 27.579 millones. Por el contrario, se incluye una rebaja del tipo del 25% al 23% para las que facturan menos de un millón de euros.

Los presupuestos contemplan una subida de dos puntos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para rentas superiores a 130.000 euros y de cuatro puntos para las que superan los 300.000, el mismo porcentaje que se aplicará para las rentas de capital superiores a 140.000 euros. «Ambas medidas afectan a menos del 0,5% de los contribuyentes, lo que pone de manifiesto que impulsamos una fiscalidad que protege a la clase media», ha recalcado Montero.

Respecto al IVA, se rebajará del 10% al 4% para los productos de higiene femenina, del 21% al 10% para los servicios veterinarios y se situará en el 4% el de libros, periódicos y revistas electrónicos, para igualarlo con los de formato en papel.

La fiscalidad medioambiental sufre cambios relevantes, por ejemplo con la reducción de la bonificación del diésel respecto a la gasolina, una medida que no afectará a los profesionales del transporte ni a los agrarios.

La ministra ha adelantado que se impulsará una nueva ley contra el fraude fiscal, que prohibirá las amnistías y limitará a 1.000 euros los pagos en efectivo entre profesionales. Asimismo, se crean dos nuevos impuestos, uno sobre transacciones financieras y otro sobre servicios digitales.

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar