El referéndum sobre la monarquía

Aparte de la frustrada, en su día, propuesta de la llamada Izquierda plural, derrotada en el Congreso, sobre un referéndum sobre la monarquía, el asunto vuelve a estar en la calle, y no sólo por los actos simbólicos, y con poco éxito, dicho sea de paso, que se vienen celebrando, sino porque emerge un apreciable sentimiento entre los menores de 40 años de que quieren ejercer el derecho que en su día se les hurtó a sus padres

Es oportuno recordar ahora el modo contundente en que se evitó que, en la transición del franquismo a la democracia, se discutiera otra opción que en la propia previsión de caudillo de que lo sucediera Juan Carlos I a título de rey. Se pusieron los medios jurídicos para impedir que se llevara a cabo la propia pretensión de las fuerzas democráticas y de millones de ciudadanos: un referéndum decisivo que se planteara la opción República o Monarquía o que ni tan siquiera ese debate se realizara en los propios medios de comunicación.

La herramienta esencial para hurtar el debate y sus consecuencias en la opinión pública fue el Real Decreto-Ley de 1 de abril de 1977 (BOE: 04/12/1977, N ° 87) sobre la Libertad de Expresión, que derogaba el artículo 2 de la Ley de Prensa de Fraga, de 1966, pero que establecía que la Administración podría decretar el secuestro de gráficos o documentos sonoros que contuvieran noticias, comentarios o información, en contra de la unidad de España, constituyeran demérito o detrimento de la Monarquía o el prestigio de las Fuerzas Armadas.

En el plano teórico formal, hay que reconocer que, si los españoles tuvieran la fuerza necesaria para poder revisar su historia, conforme desean miles de jóvenes que quieren pronunciarse sobre un asunto que se les dio hecho, el artículo 92.1 de la Constitución podría facilitarlo, aunque es altamente improbable que tal cosa sucediera en el actual marco: “Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados”.

El referéndum previsto en el artículo 92 de la Constitución tiene carácter facultativo ya que los poderes públicos pertinentes no podrían adoptar la decisión política de especial trascendencia sin consultar previamente al pueblo. El proceso se compone básicamente de tres fases: 1ª) propuesta del Presidente del Gobierno; 2ª) autorización del Congreso de los Diputados; y 3ª) convocatoria formal del Rey.

Es la grandeza del propio sistema democrático: el Rey tendría que firmar la convocatoria de una consulta a la nación para determinar la propia continuidad de su empleo. Es evidente que el planteamiento de una rectificación histórica que devolviera a los españoles la posibilidad de pronunciarse sobre lo que las jóvenes generaciones creen que se hurtó a sus mayores trasciende mucho más del alcance de las actuales fórmulas y previsiones de referéndum ordinario, ya que suponen una profunda modificación de la propia Constitución.

En septiembre de 2014, PSOE y PP impusieron su mayoría, impidiendo que se acordara convocar un referéndum sobre república o monarquía. La propuesta de Izquierda plural fue rechazada con 274 votos en contra, 26 a favor y 15 abstenciones. Los dos partidos mayoritarios actuaron al unísono en plena coincidencia como auténticos “partidos dinásticos” del viejo sistema turnante. En el debate de la interpelación origen de esta moción Sáenz de Santamaría reprochó a IU que instara al Ejecutivo a incumplir la Constitución. En aquella ocasión UPyD votó con las mayorías. Fue la primera ocasión en que se votó en el Congreso sobre la elección entre monarquía o república. Alberto Garzón de Izquierda Unida volvió a insistir en que ha vuelto a insistir en que los ciudadanos tienen que poder elegir entre monarquía y república porque el Ejecutivo no puede dejar de escuchar la voluntad del pueblo.

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