Embargos y desahucios

“Señol juez, pasi usté más alanti / y que entrin tos esos, /no le dé a usté ansia / no le dé a usté mieo… / Si venís antiayel a afligila / sos tumbo a la puerta. ¡Pero ya s’ha muerto!”

Así comienza el poema “El embargo”, escrito en extremeño por Gabriel y Galán a finales del siglo XIX. En la estampa los justicias se disponen a requisar la miseria de un pobre labrador, quien acaba de ver morir a su compañera. El hombre va describiendo, uno a uno, los aperos de labranza que conforman toda su fortuna. Lo ha empeñado todo por comprar medicinas y cuidados, que de nada han servido, y no le importa que le incauten el resto de la vida, menos la cama y las mantas donde guarda el sudor de la amada difunta. El poema es un canto a la desesperanza, un grito contra la miseria y contra la voracidad de la injusticia. Y está vigente.

Más de cien años después la crónica duele igualmente, tiene el mismo olor miserable e inhumano. Está vestida con idéntico traje al de la dignidad de aquel labrador extremeño de los versos. Pero este lunes en Chamberí, castizo barrio madrileño, Alicia no ha abierto la puerta a la comisión judicial, ni a la policía municipal, que llegaban para desahuciarla del quinto piso, donde vivía de alquiler. Contaba 65 años y atesoraba un arcón rebosante de honorabilidad y pundonor, dos valores que no cotizan en bolsa. Debía no sé cuantos meses de renta a la empresa propietaria del inmueble, situado en una zona donde la especulación creciente ha ido subiendo los arriendos razonables hasta los especulativos de, al menos, 1.000 euros mensuales. Interesa embargar, desahuciar, rotar, devorar…

Alicia se ha arrojado por la ventana y ha caído a la sordidez de la calle convirtiéndose en una nueva cifra, impersonal y fría, para las estadísticas. Tal que Tamara, quien hace nada se vio en la calle con tres hijos pequeños, dos de ellos dependientes. O como Diana, que abandonó la vivienda en silla de ruedas después de mandar a sus criaturas al colegio. O como todos esos suicidas cuyos nombres ya no figuran en las cuentas corrientes de los bancos, ni en los expedientes de las inmobiliarias, pero duermen en los mamotretos infinitos de los juzgados…

Son seres a los cuales el artículo 47 de la Constitución no les ha concernido: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Porque los poderes públicos, como ordena el mismo artículo, no impiden la especulación de acuerdo con el interés general. Para esos desahuciados de la existencia tampoco se redactó el artículo 51: “Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios”. Y así vemos como todos los días, cada vez que una Alicia cierra la puerta de la dignidad y abre la ventana de la desesperación, la Constitución se reforma a sí misma mientras los partidos políticos juegan a la guerra de las pedradas dialécticas y a esconder las manos.

Y vemos como la injusta justicia se agarra al palo del poder para apalear a los más débiles y desheredados, aplicando las normas con absoluta pulcritud, por lo que si yo pido vengar a Alicia, a Diana, a Tamara, a Miguel, a Justino… cometeré un delito contra alguna propiedad. Por ello propongo que en la puerta del piso de cada suicida, o incluso de cualquier embargado o desahuciado escriban: “Aquí se suicidó fulano”. Entonces el valor de esa vivienda caerá en picado.

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